Nota doctrinal sobre
algunas cuestiones relativas al
Compromiso y la Conducta de los Católicos en
la Vida Política
Congregación para la Doctrina de la
Fe
24 de noviembre de 2002
|
Si sólo dominan los criterios materialistas, la razón se quedaría ciega
ante los valores morales que se quedarían únicamente en la esfera del
sujeto. «una mutilación así destruye la política
y la convierte en mero instrumento condicionado por el más fuerte», en
donde queda excluida la moral.
«Al mismo tiempo, los políticos creyentes pueden iluminar la discusión
política con su comportamiento, testimoniando la fe como presencia real,
contribuyendo de este modo con la razón en el gobierno de todo acto
político». |
La Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el
parecer del Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno
publicar la presente Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida
política. La Nota se dirige a los Obispos de la Iglesia Católica y,
de especial modo, a los políticos católicos y a todos los fieles laicos
llamados a la participación en la vida pública y política en las
sociedades democráticas.
I. Una enseñanza constante
1. El compromiso del cristiano en el mundo, en dos mil años de historia,
se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la
participación en la acción política: Los cristianos, afirmaba un
escritor eclesiástico de los primeros siglos, «cumplen todos sus deberes
de ciudadanos».[1] La Iglesia venera entre sus Santos a numerosos
hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso
compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos,
Santo Tomás Moro, proclamado Patrón de los Gobernantes y Políticos, que
supo testimoniar hasta el martirio la «inalienable dignidad de la
conciencia»[2]. Aunque sometido a diversas formas de presión
psicológica, rechazó toda componenda, y sin abandonar «la constante
fidelidad a la autoridad y a las instituciones»
que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que
«el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la
moral»[3]
Las actuales sociedades democráticas, en las que loablemente[4] todos
son hechos partícipes de la gestión de la cosa pública en un clima de
verdadera libertad, exigen nuevas y más amplias formas de participación
en la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no
cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la
elección de los legisladores y gobernantes y, a través de varios modos,
a la formación de las orientaciones políticas y las opciones
legislativas que, según ellos, favorecen mayormente el bien común.[5] La
vida en un sistema político democrático no podría desarrollarse
provechosamente sin la activa, responsable y generosa participación de
todos, «si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles,
tareas y responsabilidades»[6].
Mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, «de acuerdo con
su conciencia cristiana»,[7] en conformidad con los valores que son
congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan también sus tareas
propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando su
naturaleza y legítima autonomía,[8] y cooperando con los demás,
ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia
responsabilidad.[9] Consecuencia de esta fundamental enseñanza del
Concilio Vaticano II es que «los fieles laicos de ningún modo pueden
abdicar de la participación en la “política”; es decir, en la multiforme
y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y
cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien
común»,[10] que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el
orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida
humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc.
La presente Nota no pretende reproponer la entera enseñanza de la
Iglesia en esta materia, resumida por otra parte, en sus líneas
esenciales, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino solamente
recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que
inspiran el compromiso social y político de los católicos en las
sociedades democráticas.[11] Y ello porque, en estos últimos tiempos, a
menudo por la urgencia de los acontecimientos, han aparecido
orientaciones ambiguas y posiciones discutibles, que hacen oportuna la
clarificación de aspectos y dimensiones importantes de la cuestión.
II. Algunos puntos críticos en el actual debate cultural y político
2. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso
cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva
que emerge al horizonte. Las grandes conquistas de las que somos
espectadores nos impulsan a comprobar el camino positivo que la
humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de condiciones de
vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia Países en vías de
desarrollo es ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la
creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible
callar, por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas
tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por
consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones.
Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace
evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina
la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral
natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es
extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales
tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la
democracia[12]. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos
reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias
morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que
respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios
de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas
orientaciones culturales o morales transitorias,[13] como si todas las
posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo,
invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los
ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la
vida social y política de sus propios Países, según la concepción de la
persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a
través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a
disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia
del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de
aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la
cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser
humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre,
del bien común y del Estado.
3. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con
la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las
opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural,
aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las
exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar
basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre
el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor,
sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por
caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien
humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico,
tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de las
orientaciones y soluciones, que deben ser en todo caso moralmente
aceptables, surge precisamente de la concreción de los hechos
particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la
Iglesia formular soluciones concretas – y menos todavía soluciones
únicas – para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre
y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el
deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando
lo exija la fe o la ley moral.[14] Si el cristiano debe «reconocer la
legítima pluralidad de opiniones temporales»,[15] también está llamado a
disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral,
nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de
fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por
su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son
“negociables”.
En el plano de la militancia política concreta, es importante hacer
notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social,
el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias
para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la
posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios
básicos de la teoría política, y la complejidad técnica de buena parte
de los problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda
darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los
católicos para ejercitar – particularmente por la representación
parlamentaria – su derecho-deber de participar en la construcción de la
vida civil de su País.[16] Esta obvia constatación no puede ser
confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de
los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace
referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene
íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en
la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social
cristiana. Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a
confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia
participación en la vida política esté caracterizada por una coherente
responsabilidad hacia las realidades temporales.
La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda
expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones
políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una
recta concepción de la persona.[17] Se trata de un principio sobre el
que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se
menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y
coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática
sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente
frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la
persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible
la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, la
tutela «de los derechos de la persona es condición necesaria para que
los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan
participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa
pública»[18].
4. A partir de aquí se extiende la compleja red de problemáticas
actuales, que no pueden compararse con las temáticas tratadas en siglos
pasados. La conquista científica, en efecto, ha permitido alcanzar
objetivos que sacuden la conciencia e imponen la necesidad de encontrar
soluciones capaces de respetar, de manera coherente y sólida, los
principios éticos. Se asiste, en cambio, a tentativos legislativos que,
sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y
el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los
comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la
intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave
circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar
el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen
ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la
Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen
directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación de
oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como
para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de
opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está
permitido apoyarlas con el propio voto.[19] Esto no impide, como enseña
Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium Vitae a
propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar
completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a
votación, que «un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al
aborto sea clara y notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a
propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así
los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad
pública».[20]
En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada
no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un
programa político o la aprobación de una ley particular que contengan
propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de
la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad
inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos
en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso
político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la
Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del
bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en
otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo,
para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y
realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no
admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el
empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de
responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e
irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego
la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la
persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y
eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento
terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho
primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del
mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los
derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la
tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico
entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad,
frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden
ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas
pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la
libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho
inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de
los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social
de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas
de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la
prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la
libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio
de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del
principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben
ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas,
de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio».[21]
Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema
de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar
el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético
sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es
siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»;[22] exige el
rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere
un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la
responsabilidad política.
III. Principios de la doctrina católica acerca del laicismo y el
pluralismo
5. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la utilización
de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y culturas
diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del
pluralismo y autonomía de los laicos en política, para favorecer
soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las
exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad. No se
trata en sí de “valores confesionales”, pues tales exigencias éticas
están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural.
Éstas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión de fe
cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela
siempre y en todas partes, como servicio desinteresado a la verdad sobre
el hombre y el bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se
puede negar que la política debe hacer también referencia a principios
dotados de valor absoluto, precisamente porque están al servicio de la
dignidad de la persona y del verdadero progreso humano.
6. La frecuentemente referencia a la “laicidad”, que debería guiar el
compromiso de los católicos, requiere una clarificación no solamente
terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad
política no tiene nada qué ver con la “confesionalidad” o la
intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad,
entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera
religiosa y eclesiástica – nunca de la esfera moral –, es un valor
adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de
civilización alcanzado.[23] Juan Pablo II ha puesto varias veces en
guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión
entre la esfera religiosa y la esfera política. «Son particularmente
delicadas las situaciones en las que una norma específicamente religiosa
se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado, sin que se tenga
en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y
las de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil
puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar
otros derechos humanos inalienables».[24] Todos los fieles son bien
conscientes de que los actos específicamente religiosos (profesión de
fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas,
comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles,
etc.) quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe
entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de
orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y
la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por
convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los
ciudadanos.
Una cuestión completamente diferente es el derecho-deber que tienen los
ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la
verdad y promover y defender, con medios lícitos, las verdades morales
sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y
todos los demás derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas
verdades también sean enseñadas por la Iglesia, no disminuye la
legitimidad civil y la “laicidad” del compromiso de quienes se
identifican con ellas, independientemente del papel que la búsqueda
racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la
adquisición de tales convicciones. En efecto, la “laicidad” indica en
primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del
conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales
verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica,
pues la verdad es una. Sería un error confundir la justa autonomía que
los católicos deben asumir en política, con la reivindicación de un
principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia.
Con su intervención en este ámbito, el Magisterio de la Iglesia no
quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de
los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio –en
cumplimiento de su deber– instruir e iluminar la conciencia de los
fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política,
para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de
la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una
intromisión en el gobierno de los diferentes Países. Plantea
ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un
deber moral de coherencia. «En su existencia no puede haber dos vidas
paralelas: por una parte, la denominada vida “espiritual”, con sus
valores y exigencias; y por otra, la denominada vida “secular”, esto es,
la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del
compromiso político y de la cultura. El sarmiento, arraigado en la vid
que es Cristo, da fruto en cada sector de la acción y de la existencia.
En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio de
Dios, que los quiere como el “lugar histórico” de la manifestación y
realización de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio
a los hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto –como por
ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el
amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el
servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la
cultura– constituye una ocasión providencial para un “continuo ejercicio
de la fe, de la esperanza y de la caridad”».[25] Vivir y actuar
políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un
acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma
de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los cristianos
para que, a través de la política, se instaure un ordenamiento social
más justo y coherente con la dignidad de la persona humana.
En las sociedades democráticas todas las propuestas son discutidas y
examinadas libremente. Aquellos que, en nombre del respeto de la
conciencia individual, pretendieran ver en el deber moral de los
cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para
descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en
política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común,
incurrirían en una forma de laicismo intolerante. En esta perspectiva,
en efecto, se quiere negar no sólo la relevancia política y cultural de
la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad de una ética natural.
Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral, que no podría
identificarse nunca con forma alguna de legítimo pluralismo. El abuso
del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta
actitud. La marginalización del Cristianismo, por otra parte, no
favorecería ciertamente el futuro de proyecto alguno de sociedad ni la
concordia entre los pueblos, sino que pondría más bien en peligro los
mismos fundamentos espirituales y culturales de la civilización.[26]
IV. Consideraciones sobre aspectos particulares
7. En circunstancias recientes ha ocurrido que, incluso en el seno de
algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica, han
surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han
expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la
Iglesia en cuestiones éticas fundamentales. Tales opciones y posiciones,
siendo contradictorios con los principios básicos de la conciencia
cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u
organizaciones que se definen católicas. Análogamente, hay que hacer
notar que en ciertos países algunas revistas y periódicos católicos, en
ocasión de toma de decisiones políticas, han orientado a los lectores de
manera ambigua e incoherente, induciendo a error acerca del sentido de
la autonomía de los católicos en política y sin tener en consideración
los principios a los que se ha hecho referencia.
La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo «camino, verdad y
vida» (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con
mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el
Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la
Tradición católica. La necesidad de presentar en términos culturales
modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del
catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable, para evitar
además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos. Por
otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de
compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en
distintos países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente
a otras propuestas que la historia reciente ha demostrado débiles o
radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el
compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple
transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura
capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la
fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre
fundamentos frágiles.
La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos socio-políticos en un
esquema rígido, conciente de que la dimensión histórica en la que el
hombre vive impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y a
menudo rápidamente mutables. Bajo este aspecto deben ser rechazadas las
posiciones políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión
utópica, la cual, cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie
de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje religioso, dirigiendo
la conciencia hacia una esperanza solamente terrena, que anula o
redimensiona la tensión cristiana hacia la vida eterna.
Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe
sin la verdad. «Verdad y libertad, o bien van juntas o juntas perecen
miserablemente», ha escrito Juan Pablo II.[27] En una sociedad donde no
se llama la atención sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, se
debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el
camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela
del bien de la persona y de la entera sociedad.
8. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión
pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud: El derecho
a la libertad de conciencia, y en especial a la libertad religiosa,
proclamada por la Declaración Dignitatis humanæ del Concilio Vaticano II,
se basa en la dignidad ontológica de la persona humana, y de ningún modo
en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas
culturales.[28] En esta línea, el Papa Pablo VI ha afirmado que «el
Concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre
el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas,
incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual; lo funda en
cambio sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser
sometida a contradicciones externas, que tienden a oprimir la conciencia
en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ella».[29] La
afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, por
lo tanto, no contradice en nada la condena del indiferentísimo y del
relativismo religioso por parte de la doctrina católica,[30] sino que le
es plenamente coherente.
V. Conclusión
9. Las orientaciones contenidas en la presente Nota quieren iluminar uno
de los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al
cristiano: La coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura,
recordada por el Concilio Vaticano II. Éste exhorta a los fieles a
«cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el
espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no
tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que
pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la
propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de
todas ellas, según la vocación personal de cada uno». Alégrense los
fieles cristianos«de poder ejercer todas sus actividades temporales
haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional,
científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima
jerarquía todo coopera a la gloria de Dios».[31]
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre
de 2002, ha aprobado la presente Nota, decidida en la Sesión Ordinaria
de esta Congregación, y ha ordenado que sea publicada.
Dado en Roma, en la sede de la Congregación por la Doctrina de la Fe, el
24 de noviembre de 2002, Solemnidad de N. S Jesús Cristo, Rey del
universo.
+JOSEPH CARD. RATZINGER
Prefecto
+TARCISIO BERTONE, S.D.B.
Arzobispo emérito de Vercelli
Secretario
______________________________________________________________________________
Notas
[1]CARTA A DIOGNETO, 5, 5, Cfr. Ver también Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2240.
[2]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Motu Proprio dada para la proclamación
de Santo Tomás Moro Patrón de los Gobernantes y Políticos, n. 1, AAS 93
(2001) 76-80.
[3]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Motu Proprio dada para la proclamación
de Santo Tomás Moro Patrón de los Gobernantes y Políticos, n. 4.
[4]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n
31; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1915.
[5]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n
75.
[6]JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42,
AAS 81 (1989) 393-521. Esta nota doctrinal se refiere obviamente al
compromiso político de los fieles laicos. Los Pastores tienen el derecho
y el deber de proponer los principios morales también en el orden
social; «sin embargo, la participación activa en los partidos políticos
está reservada a los laicos» (JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica
Christifideles laici, n. 69). Cfr. Ver también CONGREGACIÓN PARA EL
CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros,
31-I-1994, n. 33.
[7]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[8]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n
36.
[9]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 7;
Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 36 y Constitución Pastoral
Gaudium et spes, nn. 31 y 43.
[10]JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42.
[11]En los últimos dos siglos, muchas veces el Magisterio Pontificio se
ha ocupado de las cuestiones principales acerca del orden social y
político. Cfr. LEÓN XIII, Carta Encíclica Diuturnum illud, ASS 20
(1881/82) 4ss; Carta Encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885/86) 162ss,
Carta Encíclica Libertas præstantissimum, ASS 20 (1887/88) 593ss; Carta
Encíclica Rerum novarum, ASS 23 (1890/91) 643ss; BENEDICTO XV, Carta
Encíclica Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 209ss; PÍO XI,
Carta Encíclica Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 190ss; Carta Encíclica
Mit brennender Sorge, AAS 29 (1937) 145-167; Carta Encíclica Divini
Redemptoris, AAS 29 (1937) 78ss; PÍO XII, Carta Encíclica Summi
Pontificatus, AAS 31 (1939) 423ss; Radiomessaggi natalizi 1941-1944;
JUAN XXIII, Carta Encíclica Mater et magistra, AAS 53 (1961) 401-464;
Carta Encíclica Pacem in terris AAS 55 (1963) 257-304; PABLO VI, Carta
Encíclica Populorum progressio, AAS 59 (1967) 257-299; Carta Apostólica
Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441.
[12]Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus, n. 46, AAS 83
(1991) 793-867; Carta Encíclica Veritatis splendor, n. 101, AAS 85
(1993) 1133-1228; Discurso al Parlamento Italiano en sesión pública
conjunta, en L’Osservatore Romano, n. 5, 14-XI-2002.
[13]Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 22, AAS 87
(1995) 401-522.
[14]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n
76.
[15]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[16]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn.
43 y 75.
[17]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n
25.
[18]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 73.
[19]Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[20]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[21]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[22]Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2304
[23]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n
76.
[24]JUAN PABLO II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de
la Paz 1991: “Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre”,
IV, AAS 83 (1991) 410-421.
[25]JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 59.
La citación interna proviene del Concilio Vaticano II, Decreto
Apostolicam actuositatem, n. 4
[26]Cfr. JUAN PABLO II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante
la Santa Sede, en L’Osservatore Romano, 11 de enero de 2002.
[27]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et ratio, n. 90, AAS 91 (1999)
5-88.
[28]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 1: «En
primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó al género
humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y
ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión
subsiste en la Iglesia Católica». Eso no quita que la Iglesia considere
con sincero respeto las varias tradiciones religiosas, más bien reconoce
«todo lo bueno y verdadero» presentes en ellas. Cfr. CONCILIO VATICANO
II,Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 16; Decreto Ad gentes, n.
11; Declaración Nostra ætate, n. 2; JUAN PABLOII, Carta Encíclica
Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGREGACIÓN PARA LA
DOCTRINA DE LA FE, DeclaraciónDominus Iesus, nn. 2; 8; 21, AAS 92 (2000)
742-765.
[29]PABLO VI, Discurso al Sacro Colegio y a la Prelatura Romana, en «Insegnamenti
di Paolo VI» 14 (1976), 1088-1089).
[30]Cfr. PÍO IX, Carta Encíclica Quanta cura, ASS 3 (1867) 162; LEÓN
XIII, Carta Encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885) 170-171; PÍO XI,
Carta Encíclica Quas primas, AAS 17 (1925) 604-605; Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 2108; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE,
Declaración Dominus Iesus, n. 22.
[31]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 43.
Cfr. también JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici,
n. 59.
