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LIBRO VI
DE LAS SANCIONES EN LA IGLESIA
P A R T E I
DE LOS DELITOS Y PENAS EN GENERAL
T I T U L O I
Del castigo de los delitos en general
C1311 La Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con
sanciones penales a los fieles que cometen delitos.
C1312 P1 Las sanciones penales en la Iglesia son:
1º. penas medicinales o censuras, que se indican en los cann. 1331–1333;
2º. penas expiatorias, de las que se trata en el can. 1336.
P2 La ley puede establecer otras penas expiatorias, que priven a un fiel
de algún bien espritiual o temporal, y estén en conformidad con el fin
sobrenatural de la Iglesia.
P3 Se emplean además remedios penales y penitencias; aquéllos, sobre
todo, para prevenir los delitos; éstas más bien para aplicarlas en lugar
de una pena, o para aumentarlas.
T I T U L O II
De la ley penal y del precepto penal
C1313 P1 Si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se ha
de aplicar la ley más favorable para el reo.
P2 Si una ley posterior abroga otra anterior o, al menos, suprime la
pena, ésta cesa inmediatamente.
C1314 La pena es generalmente ferendae sententiae, de manera que sólo
obliga al reo desde que le ha sido impuesta; pero es latae sententiae,
de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, cuando la
ley o el precepto lo establecen así expresamente.
C1315 P1 Quien tiene postestad legislativa puede también dar leyes
penales; y puede asimismo, mediante leyes propias, proteger con una pena
conveniente una ley divina o eclesiástica, promulgada por una potestad
superior, respetando los límites de su competencia por razón del
territorio o de las personas.
P2 La ley puede determianr la pena, o dejar su determinación a la
prudente estimación del juez.
P3 La ley particular puede también añadir otras penas a las ya
establecidas por ley universal contra algún delito, pero no se haga esto
sin una necesidad gravísima. Y cuando la ley universal conmina con una
pena indeterminada o facultativa, la ley particular puede también
establecer en su lugar una pena determinada u obligatoria.
C1316 Cuiden los Obispos diocesanos de que, cuando han de establecerse
leyes penales, en la medida de lo posible éstas sean uniformes para un
mismo Estado o región.
C1317 Las penas han de establecerse sólo en la medida en que sean
verdaderamente necesarias para proveer mejor a la disciplina
eclesiástica. La expulsión del estado clerical no se puede establecer en
una ley particular.
C1318 No establezca el legislador penas latae sententiae, si no es acaso
contra algunos delitos dolosos especiales que puedan causar un escándalo
más grave, o no puedan castigarse eficazmente con penas ferendae
sententiae; y no debe establecer censuras, especialmente la excomunión,
si no es con máxima moderación, y sólo contra los delitos más graves.
C1319 P1 En la medida en que alguien, en virtud de su potestad de
régimen, puede imponer preceptos en el fuero externo, puede también
conminar mediante precepto con penas determinadas, excepto las
expiatorias perpetuas.
P2 Sólo debe darse un precepto penal tras diligente reflexión, y
observando lo que se establece en los cann. 1317 y 1318 sobre las leyes
particulares. C1320 En todo lo que los religiosos dependen del Ordinario
del lugar, puede éste castigarles con penas.
T I T U L O III
Del sujeto pasivo de las sanciones penales
C1321 P1 Nadie debe ser castigado, a no ser que la violación externa de
una ley o precepto que ha cometido le sea gravemente imputable por dolo
o culpa.
P2 Queda sujeto a la pena establecida por una ley o precepto quien los
infringió deliberadamente; quien lo hizo por omisión de la debida
diligencia, no debe ser castigado, a no ser que la ley o el precepto
dispongan otra cosa.
P3 Cometida la infracción externa, se presume la imputabilidad, a no ser
que conste lo contrario.
C1322 Se consideran incapaces de cometer un delito quienes carecen
habitualmente de uso de razón, aunque hayan infringido una ley o
precepto cuando parecían estar sanos.
C1323 No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o
precepto:
1º. aún no había cumplido dieciséis años;
2º.ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto; y a la
ignorancia se equiparan la inadvertencia y el error;
3º.obró por violencia, o por caso fortuito que no pudo preverse o que,
una vez previsto, no pudo evitar;
4º. actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo
relativamente, o por necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no
ser que el acto fuera intrínsecamente malo o redundase en daño de las
almas;
5º. actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de
otro, guardando la debida moderación;
6º. carecía de uso de razón, sin perjuicio de lo que se prescribe en los
cann. 1324, P1, n. 2 y 1325;
7º. juzó sin culpa que concurría alguna de las circunstancias indicadas
en los nn. 4 o 5.
C1324 P1 El infractor no queda eximido de la pena, pero se debe atenuar
la pena establecida en la ley o en el precepto, o emplear una penitencia
en su lugar, cuando el delito ha sido cometido: 1º. por quien tenía sólo
uso imperfecto de razón;
2º. por quien carecía de uso de razón a causa de embriaguez u otra
perturbación semejante de la mente, de la que fuera culpable;
3º. por impulso grave de pasión, pero que no precedió, impidiéndolos, a
cualquier deliberación de la mente y consentimiento de la voluntad,
siempre que la pasión no hubiera sido voluntariamente provocada o
fomentada;
4º. por un menor de edad, que haya cumplido dieciséis años;
5º. por quien actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo
relativamente, o por necesidad o para evitar un perjuicio grave, si el
delito es intrínsecamente malo o redunda en daño de las almas;
6º. por quien actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí
mismo o de otro, pero sin guardar la debida moderación;
7º. contra el que provoca grave e injustamente;
8º. por quien errónea pero culpablemente juzgó que concurría alguna de
las circunstancias indicadas en el can. 1323, nn. 4 o 5;
9º. por quien, sin culpa, ignoraba que la ley o el precepto llevaban
aneja una pena; 10º. por quien obró sin plena imputabilidad, con tal de
que ésta siga siendo grave.
P2 Puede el juez hacer lo mismo, si concurre cualquier otra
circunstancia que disminuya la gravedad del delito.
P3 En las circunstancias que se enumeran en el P1, el reo no queda
obligado por las penas latae sententiae.
C1325 Al aplicar las prescripciones de los cann. 1323 y 1324, nunca
puede tenerse en cuenta la ignorancia crasa, supina o afectada; ni
tampoco la embriaguez u otras perturbaciones mentales que se hayan
provocado intencionadamente para cometer el delito o como circunstancia
excusante; el igualmente la pasión, si se ha excitado o fomentado
voluntariamente.
C1326 P1 El juez puede castigar con mayor gravedad que la establecida en
la ley o en el precepto:
1º. a quien, después de una condena o declaración de pena, continúa
delinquiendo de tal manera, que por las circunstancias pueda
prudentemente inferirse su pertinacia en la mala voluntad;
2º. a quien está constituido en alguna dignidad, o abusó de su autoridad
u oficio para cometer el delito;
3º. al reo que, cuando se haya establecido una pena para un delito
culposo, previó lo que habría de suceder, y sin embargo omitió las
cautelas para evitarlo que hubiera empleado cualquier persona diligente.
P2 En los casos de los que se trata en el P1, si la pena establecida es
latae sententiae, se puede añadir otra pena o penitencia.
C1327 Además de los casos de los que se trata en los cann. 1323–1326, la
ley particular puede establecer otras circunstancias eximentes,
atenuantes o agravantes, tanto como norma general cuanto para un delito
en particular. Asimismo, pueden establecerse en el precepto
circunstancias que eximan de la pena establecida por el mismo, la
disminuyan o la agraven.
C1328 P1 Quien hizo u omitió algo para cometer un delito, pero,
independientemente de su voluntad, no llegó a consumarlo, no queda
sujeto a la pena establecida contra el delito consumado, a no ser que la
ley o el precepto dispongan otra cosa.
P2 Si los actos u omisiones conducen por su misma naturaleza a la
ejecución del delito, el autor puede ser castigado con una penitencia o
remedio penal, a no ser que, una vez comenzada la realización del
delito, hubiera desistido de ella voluntariamente. Pero, si hubiera
habido escándalo u otro grave daño o peligro, el autor, aunque hubiera
desistido voluntariamente, puede ser castigado con una pena justa, pero
siempre menor que la establecida para el delito consumado.
C1329 P1 Los que con la misma intención delictiva concurran en la
comisión de un delito, y no son mencionados expresamente en la ley o
precepto por hallarse establecidas las penas ferendae sententiae contra
el autor principal, quedan sometidos a las mismas penas, o a otras de la
misma o menor gravedad.
P2 Los cómplices no citados en la ley o en el precepto incurren en la
pena latae sententiae correspondiente a un delito, siempre que éste no
se hubiera cometido sin su ayuda y la pena sea de tal naturaleza, que
también a ellos les pueda afectar; en caso contrario, pueden ser
castigados con penas ferendae sententiae.
C1330 No se considera consumado el delito que consiste en una
declaración o en otra manifestación de la voluntad, doctrina o
conocimiento, si nadie percibe tal declaración o manifestación.
T I T U L O IV
De las penas y demas castigos
CAPITULO I
De las censuras
C1331 P1 Se prohíbe al excomulgado:
1º. tener cualquier participación ministerial en la celebración del
Sacrificio Eucarístico o en cualesquiera otra ceremonias de culto;
2º. celebrar los sacramentos o sacramentales, y recibir los sacramentos;
3º. desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos, o realizar
actos de régimen.
P2 Cuando la excomunión ha sido impuesta o declarada, el reo:
1º. si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el P1, n. 1, ha de
ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste
una causa grave;
2º. realiza inválidamente los actos de régimen, que según el P1, n. 3
son ilícitos;
3º. Se le prohibe gozar de los privilegios que anteriormente le hubieran
sido concedidos;
4º. no puede obtener válidamente una dignidad, oficio u otra función en
la Iglesia;
5º. no hace suyos los frutos de una dignidad, oficio, función alguna, o
pensión que tenga en la Iglesia.
C1332 Quien queda en entredicho, está sujeto a las prohibiciones
enumeradas en el can. 1331, P1, nn. 1 y 2; y, si el entredicho ha sido
impuesto o declarado, se ha de observar la prescripción del can. 1331,
P2, n. 1.
C1333 P1 La suspensión, que sólo puede afectar a los clérigos, prohibe:
1º. todos o algunos de los actos de la potestad de orden;
2º. todos o algunos de los actos de la potestad de régimen;
3º. el ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes a
un oficio.
P2 En la ley o en el precepto se puede establecer que, después de la
sentencia condenatoria o declaratoria, no pueda el que ha sufrido
suspensión realizar válidamente actos de régimen.
P3 La prohibición nunca afecta:
1º. a los oficios o a la potestad de régimen que no están bajo la
potestad del superior que establece la pena;
2º. al derecho de habitación que tenga el reo por razón de su oficio;
3º. al derecho de administrar los bienes que puedan pertenecer al oficio
de quien ha sufrido suspensión, si la pena es latae sententiae.
P4 La suspensión que prohíbe percibir los frutos, el sueldo, las
pensiones u otra remuneración, lleva consigo la obligación de restituir
lo que se hubiera percibido ilegítimamente, aun de buena fe.
C1334 P1 Dentro de los límites establecidos en el canon precedente, el
alcance de la suspensión se determina o por la misma ley o precepto, o
por la sentencia o decreto por los que se impone la pena.
P2 La ley, pero no el precepto, puede establecer una suspensión latae
sententiae sin añadir ninguna determinación o límite; tal pena produce
todos los efectos enumerados en el can. 1333, P1.
C1335 Si la censura prohíbe celebrar los sacramentos o sacramentales, o
realizar actos de régimen, la prohibición queda suspendida cuantas veces
sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte; y, si la
censura latae sententiae no ha sido declarada, se suspende también la
prohibición cuantas veces un fiel pide un sacramento o sacramental o un
acto de régimen; y es lícito pedirlos por cualquier causa justa.
CAPITULO II
De las penas expiatorias
C1336 P1 Además de otras que pudiera establecer la ley, las penas
expiatorias, susceptibles de afectar al delincuente perpetuamente o por
un tiempo determinado o indeterminado, son las siguientes:
1º. la prohibición o mandato de residir en un determinado lugar o
territorio;
2º. la privación de la potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio,
facultad, gracia, título o distintivo, aun meramente honorífico;
3º.la prohibición de ejercer los actos que se enumeran en el n. 2, o la
prohibición de ejercerlos en un determinado lugar o fuera de un lugar
determinado; pero estas prohibiciones nunca son bajo pena de nulidad;
4º.el traslado penal a otro oficio; 5º. la expulsión del estado
clerical.
P2 Sólo pueden ser latae sententiae las penas expiatorias que se
enumeran en el P1, n. 3.
C1337 P1 La prohibición de residir en un determinado lugar o territorio
se puede imponer tanto a los clérigos como a los religiosos; el mandato
de residir, a los clérigos seculares, y, dentro de los límites de sus
constituciones, a los religiosos.
P2 Para imponer la prescripción de residir en un determinado lugar o
territorio se requiere el consentimiento del Ordinario de ese lugar, a
no ser que se trate de una casa destinada a que hagan penitencia o se
corrijan también clérigos extradiocesanos.
C1338 P1 Las privaciones y prohibiciones que se enumeran en el can.
1336, P1, nn. 2 y 3, nunca afectan a las potestades, oficios, cargos,
derechos, privilegios, facultades, gracias, títulos o distintivos que no
están bajo la potestad del superior que establece la pena.
P2 No puede darse la privación de la potestad de orden, sino sólo la
prohibición de ejercer esa potestad o algunos de sus actos; tampoco
puede darse la privación de los grados académicos.
P3 Sobre las prohibiciones indicadas en el can. 1336, P1, n. 3, se ha de
seguir la norma que se establece para las censuras en el can. 1335.
CAPITULO III
De los remedios penales y penitencias
C1339 P1 Puede el Ordinario, personalmente o por medio de otro,
amonestar a aquel que se encuentra en ocasión próxima de delinquir o
sobre el cual, después de realizada una investigación, recae grave
sospecha de que ha cometido un delito.
P2 Puede también reprender, de manera proporcionada a las circunstancias
de la persona y del hecho, a aquel que provoca con su conducta escándalo
o grave perturbación del orden.
P3 Debe quedar siempre constancia de la amonestación y de la represión,
al menos por algún documento que se conserve en el archivo secreto de la
curia.
C1340 P1 La penitencia, que puede imponerse en el fuero externo,
consiste en tener que hacer una obra de religión, de piedad o de
caridad.
P2 Nunca se imponga una penitencia pública por una transgresión oculta.
P3 Según su prudencia, el Ordinario puede añadir penitencias al remedio
penal de la amonestación o de la represión.
T I T U L O V
De la aplicación de las penas
C1341 Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o
administrativo para imponer o declarar penas, sólo cuando haya visto que
la correción fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud
pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y
conseguir la enmienda del reo.
C1342 P1 Cuando justas causas dificultan hacer un proceso judicial, la
pena puede imponerse o declararse por decreto extrajudicial; en
cualquier caso, los remedios penales y las penitencias pueden aplicarse
mediante decreto.
P2 No se pueden imponer o declarar por decreto penas perpetuas, ni
tampoco aquellas otras que la ley o precepto que las establece prohíba
aplicar mediante decreto.
P3 Lo que en la ley o en el precepto se prescribe sobre el juez,
respecto a la imposición o declaración de una pena en juicio, se aplica
también al superior que impone o declara una pena mediante decreto
extrajudicial, a no ser que conste otra cosa y no se trate de
prescripciones que se refieran sólo al procedimiento.
C1343 Si la ley o el precepto dan al juez el poder de aplicar o no una
pena, el juez puede también, según su conciencia y prudencia, mitigar la
pena o imponer en su lugar una penitencia.
C1344 Aunque la ley emplee palabras preceptivas, puede el juez, según su
conciencia y prudencia:
1º. diferir a un tiempo más oportuno la imposición de la pena, si se
prevén males mayores por el castigo precipitado del reo;
2º. abstenerse de imponer la pena, o imponer una pena más benigna o una
penitencia, si el reo se ha enmendado y ha reparado el escándalo, o si
ya ha sido suficientemente castigado por la autoridad civil o se prevé
que lo será;
3º. suspender la obligación de observar una pena expiatoria si se trata
del primer delito cometido por el reo que hasta entonces hubiera vivido
sin tacha, y no urja necesidad de reparar el escándalo, de manera que,
si el reo vuelve a delinquir dentro de un plazo determiando por el mismo
juez, cumpla la pena debida por los dos delitos, a no ser que,
entretanto, hubiera trascurrido el tiempo necesario para la prescripción
de la acción penal por el primer delito.
C1345 Siempre que el delincuente tuviese sólo uso imperfecto de razón, u
obrare por miedo, necesidad, impulso de la pasión, embriaguez u otra
perturbación semejante de la mente, puede también el juez abstenerse de
imponerle castigo alguno, si considera que de otra manera es posible
conseguirse mejor su enmienda.
C1346 Cuando un reo haya cometido varios delitos, si parece excesiva la
acumulación de penas ferendae sententiae, queda a la prudente discreción
del juez el atemperar las penas dentro de unos límites equitativos.
C1347 P1 No puede imponerse válidamente una censura, si antes no se ha
amonestado al menos una vez al reo para que cese en su contumacia,
dándole un tiempo prudencial para la enmienda.
P2 Se considera que ha cesado en su contumacia el reo que se haya
arrepentido verdaderamente del delito, y además haya reparado
convenientemente los daños y el escándalo o, al menos, haya prometido
seriamente hacerlo.
C1348 Cuando el reo es absuelto de la acusación, o no se le impone
ninguna pena, puede el Ordinario velar por su bien y el bien público con
oportunas amonestaciones u otros modos de su solicitud pastoral, o
también, si es oportuno, con remedios penales.
C1349 Si la pena es indeterminada y la ley no dispone otra cosa, el juez
no debe imponer las penas más graves, sobre todo las censuras, a no ser
que lo requiera absolutamente la gravedad del caso; y no puede imponer
penas perpetuas.
C1350 P1 Al imponer penas a un clérigo, se ha de cuidar siempre de que
no carezca de lo necesaria para su honesta sustentación, a no ser que se
trate de la expulsión del estado clerical.
P2 Sin embargo, procure el Ordinario proveer de la mejor manera posible
a la necesidad de quien, habiendo sido expulsado del estado clerical, se
encuentre en estado de verdadera indigencia por razón de esa pena.
C1351 La pena obliga al reo en todo lugar, también cuando haya cesado el
derecho de quien constituyó o impuso la pena, a no ser que se disponga
expresamente otra cosa.
C1352 P1 Si la pena prohíbe recibir sacramentos o sacramentales, la
prohibición queda en suspenso durante todo el tiempo en el que el reo se
encuentre en peligro de muerte.
P2 Queda en suspenso total o parcialmente la obligación de observar una
pena latae sententiae, que no haya sido declarada ni sea notoria en el
lugar donde se encuentra el reo, en la medida en que éste no pueda
observarla sin peligro de grave escándalo o infamia.
C1353 Tienen efecto suspensivo la apelación o el recurso contra las
sentencias judiciales o decretos que imponen o declaran cualquier pena.
T I T U L O VI
De la cesación de las penas
C1354 P1 Además de los que se enumeran en los cann. 1355–1356, todos
aquellos que pueden dispensar de una ley penal, o eximir de un precepto
en el que se conmina con una pena, pueden también remitir esa pena.
P2 La ley o el precepto que establece una pena puede también conceder a
otros la potestad de remitirla.
P3 Si la Sede Apostólica se reservase a sí misma, o a otros, la remisión
de una pena, la reserva se ha de interpretar estrictamente.
C1355 P1 Pueden remitir una pena establecida por ley, si ya ha sido
impuesta o declarada, y con tal de que no esté reservada a la Sede
Apostólica:
1º. el Ordinario que promovió el juicio para imponer o declarar la pena,
o la impuso o declaró mediante un decreto personalmente o por medio de
otro;
2º. el Ordinario del lugar en el que se encuentra el delincuente,
después de haber consultado, sin embargo, al Ordinario del que se trata
en el n. 1, a no ser que esto sea imposible por circunstancias
extraordinarias.
P2 Si no está reservada a la Sede Apostólica, el Ordinario puede remitir
una pena latae sententiae, establecida por ley y aún no declarada, a sus
súbditos y a quienes se encuentran en su territorio o hubieran
delinquido allí; y también cualquier Obispo, pero sólo dentro de la
confesión sacramental.
C1356 P1 Pueden remitir una pena ferendae o latae sententiae establecida
mediante precepto que no haya sido dado por la sede Apostólica:
1º. el Ordinario del lugar en el que se encuentra el delincuente;
2º. si la pena ha sido impuesta o declarada, también el Ordinario que
promovió el juicio para imponer o declarar la pena, o la impuso o
declaró mediante un decreto personalmente o por medio de otro.
P2 Antes de proceder a la remisión, se ha de consultar a quien dio el
precepto, a no ser que esto sea imposible por circusntancias
extraordinarias.
C1357 P1 Sin perjuicio de las prescripciones de los cann. 508 y 976, el
confesor puede remitir en el fuero interno sacramental la censura latae
sententiae de excomunión o de entredicho que no haya sido declarada, si
resulta duro al penitente permanecer en estado de pecado grave durante
el tiempo que sea necesario para que el Superior provea.
P2 Al conceder la remisión, el confesor ha de imponer al penitente la
obligación de recurrir en el plazo de un mes, bajo pena de reincidencia,
al Superior competente o a un sacerdote que tenga esa facultad, y de
atenerse a sus mandatos; entretanto, imponga una penitencia conveniente
y, en la medida en que esto urja, la reparación del escándalo y del
daño; el recurso puede hacerse también por medio del confesor, sin
indicar el nombre del penitente.
P3 Tienen el mismo deber de recurrir, después de haberse restablecido de
su enfermedad, quienes, según el can. 976, fueron absueltos de una
censura impuesta o declarada, o reservada a la Sede Apostólica.
C1358 P1 Sólo puede concederse la remisión de una censura al delincuente
que haya cesado en su contumacia, conforme al can. 1347, P2; pero no
puede negarse a quien haya cesado en su contumacia.
P2 Quien remite una censura puede proveer según el can. 1348, o también
imponer una penitencia.
C1359 Si alguien está sujeto a varias penas, la remisión vale solamente
para aquellas que se expresan en la misma; pero la remisión general
perdona todas las penas, exceptuadas aquellas que el reo calló de mala
fe en la petición.
C1360 Es inválida la remisión de una pena obtenida mediante miedo grave.
C1361 P1 La remisión puede también concederse a quien se halla ausente,
o bajo condición.
P2 La remisión en el fuero externo debe concederse por escrito, a no ser
que una causa grave aconseje otra cosa.
P3 Cuídese de que no se divulgue la petición de remisión o la remisión
misma, a no ser en la medida en que esto sea últil para la buena fama
del reo, o necesario para reparar el escándalo.
C1362 P1 La acción criminal se extingue por prescripción a los tres
años, a no ser que se trate:
1º. de los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la
Fe;
2º. de la acción por los delitos de los que se trata en los cann. 1394,
1395, 1397 y 1398, la cual prescribe a los cinco años;
3º. de los delitos que no se castigan por el derecho común, si la ley
particular determina otro plazo para la prescripción.
P2 El tiempo para la prescripción comienza a contarse a partir del día
en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito
continuado o habitual, a partir del día en que cesó.
C1363 P1 La acción para ejecutar la pena se extingue por prescripción si
dentro de los plazos establecidos en el can. 1362, computados desde el
día en que la sentencia condenatoria pasa a cosa juzgada, no se ha
notificado al reo el decreto ejecutorio del Juez, de que se trata en el
can. 1651.
P2 Lo mismo vale, con las debidas diferencias, cuando la pena se impone
meidante decreto extrajudicial.
P A R T E II
DE LAS PENAS PARA CADA UNO DE LOS DELITOS
T I T U L O I
De los delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia
C1364 P1 El apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en
excomunión latae sententiae, quedando firme lo prescrito en el can. 194,
P1, n. 2; el clérigo puede ser castigado además con las penas enumeradas
en el can. 1336, P1, nn. 2 y 3.
P2 Si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo,
se pueden añadir otras penas, sin exceptuar la expulsión del estado
clerical.
C1365 El reo de communicatio in sacris prohibida ha de ser castigado con
una pena justa.
C1366 Los padres, o quienes hacen sus veces, que entregan a sus hijos
para que sean bautizados o educados en una religión acatólica, deben ser
castigados con una censura u otra pena justa.
C1367 Quien arroja por tierra las especies consagradas, o las lleva o
retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión latae
sententiae reservada a la Sede Apostólica; el clérigo puede ser
castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión del estado
clerical.
C1368 Si alguien comete perjurio al afirmar o prometer algo ante una
autoridad eclesiástica, debe ser castigado con una pena justa.
C1369 Quien, en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito
divulgado, o de cualquier otro modo, por los medios de comunicación
social, profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas
costumbres, injuria la religión o la Iglesia o suscita odio o desprecio
contra ellas, debe ser castigado con una pena justa.
T I T U L O II
De los delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra la libertad
de la Iglesia
C1370 P1 Quien atenta físicamente contra el Romano Pontífice, incurre en
excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica; si se trata
de un clérigo, puede añadirse otra pena, atendiendo a la gravedad del
delito, sin excluir la expulsión del estado clerical.
P2 Quien hace lo mismo contra quien tiene el carácter episcopal, incurre
en entredicho latae sententiae, y, si es clérigo, también en suspensión
latae sententiae.
P3 Quien usa de violencia física contra otro clérigo o religioso, en
desprecio de la fe, de la Iglesia, de la potestad eclesiástica o del
ministerio, debe ser castigado con una pena justa.
C1371 Debe ser castigado con una pena justa:
1º. quien, fuera del caso que trata el can. 1364, P1, enseña una
doctrina condenada por el Romano Pontífice o por un Concilio Ecuménico o
rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el can. 752, y, amonestado
por la Sede Apostólica o por el Ordinario, no se retracta;
2º. quien, de otro modo, desobedece a la Sede Apostólica, al Ordinario o
al Superior cuando mandan o prohíben algo legítimamente, y persiste en
su desobediencia después de haber sido amonestado.
C1372 Quien recurre al Concilio Ecuménico o al Colegio de los Obispos
contra un acto del Romano Pontífice, debe ser castigado con una censura.
C1373 Quien suscita públicamente la aversión o el odio de los súbditos
contra la Sede Apostólica o el Ordinario, con motivo de algún acto de
potestad o de ministerio eclesiástico, o induce a los súbditos a
desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas
justas.
C1374 Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia,
debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa
asociación, ha de ser castigado con entredicho.
C1375 Pueden ser castigados con una pena justa quienes impiden la
libertad del ministerio, de una elección o de la potestad eclesiástica,
o el uso legítimo de los bienes sagrados o de otros bienes
eclesiásticos, o coaccionan al elector, al elegido o a aquel que ejerció
una potestad o ministerio eclesiástico.
C1376 Quien profana una cosa sagrada, mueble o inmueble, debe ser
castigado con una pena justa. C1377 Quien enajena bienes eclesiásticos
sin la licencia prescrita, debe ser castigado con un pena justa.
T I T U L O III
De la usurpación de funciones eclesiásticas y de los delitos en el
ejercicio de las mismas
C1378 P1 El sacerdote que obra contra lo prescrito en el can. 977,
incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica.
P2 Incurre en pena latae sententiae de entredicho o, si se trata de un
clérigo, de suspensión:
1º. quien, sin haber sido promovido al orden sacerdotal, atenta realizar
la acción litúrgica del Sacrificio Eucarística;
2º. quien, fuera del caso de que se trata en el P1, no puediendo
administrar válidamente la absolución sacramental, trata de darla, u oye
una confesión sacramental.
P3 En los casos indicados en el P2 pueden añadirse otras penas, según la
gravedad del delito, sin excluir la excomunión.
C1379 Quien, fuera de los casos de los que se trata en el can. 1378,
simula la administración de un sacramento, debe ser castigado con una
pena justa.
C1380 Quien celebra o recibe un sacramento con simonía, debe ser
castigado con entredicho o suspensión.
C1381 P1 Quienquiera que usurpe un oficio eclesiástico debe ser
castigado con una pena justa.
P2 Se equipara a la usurpación la retención ilegítima después de haber
sido privado del cargo o haber cesado en el mismo.
C1382 El Obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin
mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración,
incurren en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica.
C1383 El Obispo que, contra lo prescrito en el can. 1015, ordena a un
súbdito ajeno sin las legítimas dimisorias, incurre en la prohibición de
ordenar durante un año.
Y quien recibió la ordenación, queda ipso facto suspendido en el orden
que recibió.
C1384 Quien, fuera de los casos de los que se trata en los cann.
1378–1383, ejerce ilegítimamente una función sacerdotal u otro
ministerio sagrado, puede ser castigado con una pena justa.
C1385 Quien obtiene ilegítimamente un lucro con el estipendio de la
Misa, debe ser castigado con una censura o con otra pena justa.
C1386 El que da o promete cosas, para que quien ejerce una función en la
Iglesia haga u omita algo ilegítimamente, debe ser castigado con un
apena justa, así como quien acepta esos regalos o promesas.
C1387 El sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o pretexto
de la misma, solicita al penitente a un pecado contra el sexto
mandamiento del Decálogo, debe ser castigado, según la gravedad del
delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones; y, en los casos más
graves, debe ser expulsado del estado clerical.
C1388 P1 El confesor que viola directamente el sigilo sacramental,
incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica;
quien lo viola sólo indirectamente, ha de ser castigado en proporción
con la gravedad del delito.
P2 El intérprete y aquellos otros, de los que se trata en el can. 983,
P2, si violan el secreto, deben ser castigados con una pena justa, sin
excluir la excomunión.
C1389 P1 Quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo debe ser
castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la
privación del oficio, a no ser que ya exista un apena establecida por
ley o precepto contra ese abuso.
P2 Quien, por negligencia culpable, realiza u omite ilegítimamente, y
con daño ajeno, un acto de potestad eclesiástica, del ministerio u otra
función, debe ser castigado con una pena justa.
T I T U L O IV
Del crimen de falsedad
C1390 P1 Quien denuncia falsamente ante un Superior eclesiástico a un
confesor, por el delito de que se trata en el can. 1387, incurre en
entredicho latae sententiae; y, si es clérigo, también en suspensión.
P2 Quien presenta al Superior eclesiástico otra denuncia calumniosa por
algún delito, o de otro modo lesiona la buena fama del prójimo, puede
ser castigado con una pena justa, sin excluir la censura.
P3 El calumniador puede también ser obligado a dar la satisfacción
conveniente.
C1391 Puede ser castigado con una pena justa, según la gravedad del
delito:
1º. quien falsifica un documento público eclesiástico, o altera,
destruye u oculta uno verdadero, o utiliza uno falso o alterado;
2º. quien, en un asunto eclesiástico, utiliza otro documento falso o
alterado;
3º. quien afirma algo falso en un documento público eclesiástico.
T I T U L O V
De los delitos contra obligaciones especiales
C1392 Los clérigos o religiosos que ejercen el comercio o la negociación
contra las prescripciones de los cánones deben ser castigados de acuerdo
con la gravedad del delito.
C1393 Quien infringe las obligaciones que le han sido impuestas como
consecuencia de una pena, puede ser castigado con una pena justa.
C1394 P1 Quedando en pie lo que prescribe el can. 194, P1, n. 3, el
clérigo que atenta matrimonio, aunque sea sólo civilmente, incurre en
suspensión latae sententiae; y si, después de haber sido amonestado, no
cambia su conducta y continúa danto escándalo, puede ser castigado
gradualmente con privaciones o también con la expulsión del estado
clerical.
P2 El religioso de votos perpetuos, no clérigo, que atenta contraer
matrimonio aunque sólo sea el civil, incurre en entredicho latae
sententiae, además de lo establecido en el can. 694.
C1395 P1 El clérigo concubinario, exceptuado el caso del que se trata en
el can. 1394, y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado
externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados
con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se
pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado
clerical.
P2 El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto
mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con
violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido
dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir
la expulsión del estado clerical, cuando el caso lo requiera.
C1396 Quien incumple gravemente la obligación de residir a la que está
sujeto en razón de un oficio eclesiástico, debe ser castigado con una
pena justa, sin excluir, después de la amonestación, la privación del
oficio.
T I T U L O VI
De los delitos contra la vida y la libertad del hombre
C1397 Quien comete homicidio, o rapta o retiene a un ser humano con
violencia o fraude, o le mutila o hiere gravemente, debe ser castigado,
según la gravedad del delito, con las privaciones y prohibiciones del
can. 1336; el homicidio de las personas indicadas en el can. 1370 se
castiga con las penas allí establecidas.
C1398 Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión
latae sententiae.
T I T U L O VII
Norma general
C1399 Aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la
infracción externa de una ley divina o canónica sólo puede ser castigada
con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la especial
gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o de reparar
escándalos.
LIBRO VII
DE LOS PROCESOS
P A R T E I
DE LOS JUICIOS EN GENERAL
C1400 P1 Son objeto de juicio:
1º. la reclamación o reivindicación de derechos de personas físicas o
jurídicas, o la declaración de hechos jurídicos;
2º. los delitos, por lo que se refiere a infligir o declarar una pena.
P2 Sin embargo, las controversias provenientes de un acto de la potestad
administrativa pueden llevarse sólo al superior o al tribunal
administrativo.
C1401 La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo:
1º. las causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas;
2º. la violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que
contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la
culpa y a la imposición de penas eclesiásticas.
C1402 Todos los tribunales de la Iglesia se rigen por los cánones que
siguen, quedando a salvo las normas de los tribunales de la Sede
Apostólica.
C1403 P1 Las causas de canonización de los Siervos de Dios se rigen por
una ley pontificia peculiar.
P2 A esas causas se aplican además las prescripciones de este Código,
cuando esa ley haga remisión al derecho universal o se trate de normas
que, por su misma naturaleza, rigen también esas causas.
T I T U L O I
Del fuero competente
C1404 La Primera Sede por nadie puede ser juzgada.
C1405 P1 Es derecho exclusivo del Romano Pontífice juzgar en las causas
de que trata el can. 1401:
1º. a quienes ejercen la autoridad suprema de un Estado;
2º. a los Cardenales;
3º. a los Legados de la Sede Apostólica y, en las causas penales, a los
Obispos;
4º. otras causas que el mismo haya avocada a sí.
P2 Ningún juez puede resolver sobre un acto o instrumento confirmado en
forma específica por el Romano Pontífice, sin previo mandato del mismo.
P3 Está reservado a la Rota Romana juzgar:
1º. a los Obispos en causas contenciosas, quedando firme lo prescrito en
el can. 1419, P2;
2º. al Abad primado, al Abad superior de una Congregación monástica y al
Superior General de los Institutos religiosos de derecho pontificio;
3º. a las diócesis o a otras personas eclesiásticas, tanto físicas como
jurídicas, que no tienen Superior por debajo del Romano Pontífice.
C1406 P1 En caso de transgresión del can. 1404, las actas y decisiones
se consideran inexistentes.
P2 Sobre las causas que enumera el can. 1405, la incompetencia de los
demás jueces es absoluta.
C1407 P1 Nadie puede ser citado en primera instancia, si no es ante un
juez eclesiástico competente por uno de los títulos que se determinan en
los cann. 1408–1414.
P2 La incompetencia del juez que no goce de ninguno de esos títulos se
llama relativa.
P3 El actor sigue el fuero del demandado, y cuando éste tiene varios
fueros, puede el actor elegir entre ellos.
C1408 Cualquiera puede ser demandado ante el tribunal de su domicilio o
cuasidomicilio.
C1409 P1 El vago tiene su fuero en el lugar donde se encuentra en ese
momento.
P2 La persona cuyo domicilio o cuasidomicilio y lugar de residencia se
desconocen, puede ser demandada según el fuero del actor, a no ser que
le corresponda otra fuero legítimo.
C1410 Por razón del lugar en que se halla la cosa, puede presentarse
demanda ante el tribunal del lugar donde se encuentra el objeto en
litigio, siempre que la acción sea real o se trate de expolio.
C1411 P1 Por razón de contrato, una parte puede ser demandada ante el
tribunal del lugar donde se realizó el contrato o donde debe cumplirse,
a no ser que las partes, de común acuerdo, hubieran elegido otro
tribunal.
P2 Si la causa versa sobre obligaciones que provienen de otro título, la
parte puede ser demandada ante el tribunal del lugar donde la obligación
surgió o ha de cumplirse.
C1412 En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede
ser llevado ante el tribunal del lugar donde se cometió el delito.
C1413 La parte puede ser demandada:
1º. en las causas que tratan acerca de la administración, ante el
tribunal del lugar donde ésta se ha realizado;
2º. en las causas que se refieren a herencias o píos legados, ante el
tribunal del último domicilio o cuasidomicilio, o lugar de residencia,
de acuerdo con los cann. 1408–1409, de aquel de cuya herencia o pío
legado se trate, a no ser que la cuestión se refiera a la mera ejecución
del legado, que ha de tramitarse según las normas ordinarias de
competencia.
C1414 Por razón de la conexión, un mismo tribunal y en el mismo proceso
ha de juzgar las causas conexas entre sí, a no ser que lo impida un
precepto legal.
C1415 Por razón de la prevención, cuando dos o más tribunales son
igualmente competentes, tiene derecho a juzgar la causa el que primero
citó legítimamente al demandado.
C1416 Los conflictos de competencia entre tribunales sujetos a un mismo
tribunal de apelación, han de ser resueltos por éste; si no están
sujetos al mismo tribunal de apelación, resuelve la Signatura
Apostólica.
T I T U L O II
De los distintos grados y clases de tribunales
C1417 P1 Por razón del primado del Romano Pontífice, cualquier fiel
puede llevar o introducir ante la Santa Sede una causa, tanto
contenciosa como penal, en cualquiera instancia del juicio y cualquiera
que sea el estado en el que se encuentre el litigio.
P2 Sin embargo, fuera del caso de apelación, esa petición interpuesta
ante la Sede Apostólica no suspende el ejercicio de la jurisdicción del
juez que ya ha comenzado a tratar la causa; éste, por lo tanto, podrá
seguir el juicio hasta la sentencia definitiva, a no ser que la Sede
Apostólica comunique al juez que ha avocado a sí la causa.
C1418 Todo tribunal tiene derecho a pedir la ayuda de otro tribunal para
la instrucción de la causa o para hacer intimaciones judiciales.
CAPITULO I
Del tribunal de primera instancia
Art. 1
Del juez
C1419 P1 En cada diócesis, y para todas las causas no exceptuadas
expresamente por el derecho, el juez de primera instancia es el Obispo
diocesano, que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por
medio de otros, de acuerdo con los cánones que siguen.
P2 Sin embargo, cuando se trata de derechos o de bienes temporales de
una persona jurídica representada por el Obispo, juzga en primer grado
el tribunal de apelación.
C1420 P1 Todo Obispo diocesano debe nombrar un Vicario judicial u
Oficial con potestad ordinaria de juzgar, distinto del Vicario general,
a no ser que lo reducido de las diócesis o la escasez de causas
aconsejen otra cosa.
P2 El Vicario judicial constituye un solo tribunal con el Obispo, pero
no puede juzgar las causas que el Obispo se haya reservado.
P3 Al Vicario judicial pueden designársele unos ayudantes denominados
Vicarios judiciales adjuntos o Viceoficiales.
P4 Tanto el Vicario judicial como los Vicarios judiciales adjuntos han
de ser sacerdotes, de buena fama, doctores o al menos licenciados en
derecho canónico y con no menos de treinta años de edad.
P5 Al quedar vacante la sede, tales Vicarios judiciales no cesan en su
cargo ni pueden ser removidos por el Administrador diocesano; pero
necesitan ser confirmados cuando toma posesión el nuevo Obispo.
C1421 P1 El Obispo debe nombrar en la diócesis jueces diocesanos que
sean clérigos.
P2 La Conferencia Episcopal puede permitir que también los laicos sean
nombrados jueces, uno de los cuales, en caso de necesidad, puede
integrar el tribunal colegiado.
P3 Los jueces han de ser de buena fama, doctores o al menos licenciados
en derecho canónico.
C1422 El Vicario judicial, los Vicarios judiciales adjuntos y los demás
jueces se nombran para un tiempo determinado, quedando en pie lo que
prescribe el can. 1420, P5, y no pueden ser removidos si no es por causa
legítima y grave.
C1423 P1 n sustitución de los tribunales diocesanos, mencionados en los
cann. 1419–1421, varios Obispos diocesanos, con la aprobación de la Sede
Apostólica, pueden constituir de común acuerdo un tribunal único de
primera instancia para sus diócesis; en ese caso, el grupo de Obispos o
el Obispo designado por ellos tienen todas las potestades que
corresponden al Obispo diocesano sobre su tribunal.
P2 Los tribunales de que se trata en el P1 pueden constituirse para
todas las causas o sólo para una clase determinada de ellas.
C1424 En cualquier juicio, el juez único puede servirse de dos asesores,
clérigos o laicos de vida íntegra, que le ayuden con sus consejos.
C1425 P1 Quedando reprobada la costumbre contraria, se reservan a un
tribunal colegial de tres jueces:
1º. las causas contenciosas: a) sobre el vínculo de la sagrada
ordenación; b) sobre el vínculo del matrimonio, quedando en vigor lo que
prescriben los cann. 1686 y 1688.
2º. las causas penales:
a) sobre delitos que pueden castigarse con la expulsión del estado
clerical; b) si se trata de infligir o declarar una excomunión.
P2 Puede el Obispo encomendar a un colegio de tres o de cinco jueces las
causas más difíciles o de mayor importancia.
P3 Para juzgar cada causa, el Vicario judicial llamará por turno a los
jueces, a no ser que en un caso determinado el Obispo establezca otra
cosa.
P4 Si no es posible constituir tribunal colegial en el primer grado del
juicio, la Conferencia Episcopal puede permitir que, mientras dure esa
imposibilidad, el Obispo encomiende las causas a un único juez clérigo,
el cual, donde sea posible, se valga de la colaboración de un asesor y
de un auditor.
P5 Una vez designados los jueces, el Vicario judicial no debe
cambiarlos, si no es por causa gravísima, que ha de hacer constar en el
decreto.
C1426 P1 El tribunal colegial debe proceder colegialmente, y dictar
sentencia por mayoría de votos.
P2 En la medida de los posible, ha de presidirlo el Vicario judicial o
un Vicario judicial adjunto.
C1427 P1 A no ser que las constituciones dispongan otra cosa, cuando
surge una controversia entre religiosos o casas del mismo Instituto
religioso clerical de derecho pontificio, el juez de primera instancia
es el Superior provincial o, si se trata de un monasterio autónomo, el
Abad local.
P2 Salvo que las constituciones prescriban otra cosa, si el conflicto se
produce entre dos provincias, lo juzgará en primera instancia el
Superior General, personalmente o por medio de un delegado; y el Abad
superior de la Congregación monástica, si el litigio es entre dos
monasterios.
P3 Finalmente, el tribunal diocesano juzga en primera instancia las
controversias entre personas religiosas físicas o jurídicas de diversos
Institutos religiosos, o también del mismo Instituto clerical o laical
de derecho diocesano, o entre una persona religiosa y un clérigo secular
o un laico o una persona jurídica no religiosa.
Art. 2
De los auditores y ponentes
C1428 P1 El juez, o el presidente del tribunal colegial, puede designar
un auditor para que realice la instrucción de la causa, eligiéndole
entre los jueces del tribunal o entre las personas aprobadas por el
Obispo para esta función.
P2 Para el cargo de auditor, el Obispo puede aprobar a clérigos o a
laicos, que destaquen por sus buenas costumbres, prudencia y doctrina.
P3 Al auditor corresponde únicamente recoger las pruebas y entregárselas
al juez, según el mandato de éste; y si no se le prohíbe en el mandato,
puede provisionalmente decidir qué pruebas han de recogerse y de qué
manera, en el caso de que se discutan estas cuestiones mientras
desempeña su tarea.
C1429 El presidente del tribunal colegial debe nombrar un ponente o
relator entre los jueces del colegio, el cual informará en la reunión
del tribunal acerca de la causa y redactará por escrito la sentencia; el
presidente podrá sustituirlo por otro, cuando haya justa causa.
Art. 3
Del promotor de justicia, del defensor del vínculo y del notario
C1430 Para las causas contenciosas en que está implicado el bien
público, y para las causas penales, ha de constituirse en la diócesis un
promotor de justicia, quien por oficio está obligado a velar por el bien
público.
C1431 P1 En las causas contenciosas, compete al Obispo diocesano juzgar
si está o no en juego el bien público, a no ser que la intervención del
promotor de justicia esté prescrita por la ley o sea evidentemente
necesaria por la naturaleza del asunto.
P2 Si el promotor de justicia hubiera intervenido en la instancia
precedente, se presume que es necesaria su intervención en el grado
siguiente. C1432 Para las causas en que se discute la nulidad de la
sagrada ordenación o la nulidad o disolución de un matrimonio, ha de
nombrarse en la diócesis un defensor del vínculo, el cual, por oficio,
debe proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse
razonablemente contra la nulidad o disolución.
C1433 En aquellas causas que requieran la presencia del promotor de
justicia o del defensor del vínculo, si no han sido citados son nulos
los actos, salvo que, no obstante, se hagan presentes de hecho o, al
menos, hayan podido cumplir su misión antes de la sentencia, mediante el
examen de las actas.
C1434 A no ser que se establezca expresamente otra cosa:
1º. cuando la ley manda que el juez oiga a las partes o a una de ellas,
también han de ser oídos el promotor de justicia y el defensor del
vínculo, si intervienen en eljuicio;
2º. cuando se requiere instancia de parte para que el juez pueda decidir
algo, tiene idéntico valor la instancia del promotor de justicia o del
defensor del vínculo, si intervienen en el juicio.
C1435 Corresponde al Obispo nombrar al promotor de justicia y al
defensor del vínculo, que han de ser clérigos o laicos de buena fama,
doctores o licenciados en derecho canónico y de probada prudencia y celo
por la justicia.
C1436 P1 La misma persona puede desempeñar el oficio de promotor de
justicia y el de defensor del vínculo, pero no en la misma causa.
P2 El promotor y el defensor pueden constituirse para todas las causas
en general o para cada una de ellas en particular; y pueden ser
removidos por el Obispo con causa justa.
C1437 P1 En todo proceso debe intervenir un notario, de manera que las
actas son nulas si no están firmadas por él.
P2 Las actas redactadas por un notario hacen fe pública.
CAPITULO II
Del tribunal de segunda instancia
C1438 Quedando en pie lo prescrito en el can. 1444 P1, n. 1:
1º. del tribunal de un Obispo sufragáneo se apela al del Metropolitano,
salvo lo que indica el can. 1439;
2º. cuando la causa se conoce en primera instancia ante el
Metropolitano, la apelación se interpone ante el tribunal que él mismo
haya designado de modo estable, con aprobación de la Sede Apostólica;
3º. para las causas tratadas ante el Superior provincial, el tribunal de
segunda instancia es el del Superior General; para las causas seguidas
ante el Abad local, lo es el tribunal del Abad superior de la
congregación monástica.
C1439 P1 Si, de acuerdo con el can. 1423, hay un solo tribunal de
primera instancia para varias diócesis, la Conferencia Episcopal, con la
aprobación de la Sede Apostólica, debe establecer un tribunal de segunda
instancia, a no ser que todas aquellas diócesis sean sufragáneas de la
misma archidiócesis.
P2 La Conferencia Episcopal puede constituir uno o más tribunales de
segunda instancia, con la aprobación de la Sede Apostólica, aun fuera de
los casos previstos en el P1.
P3 Respecto a los tribunales de segunda instancia de que tratan los PP
1–2, la Conferencia Episcopal o el Obispo designado por ésta tienen
todas las potestades que competen al Obispo diocesano sobre su tribunal.
C1440 Si no se observa la competencia por razón del grado, a tenor de
los cann. 1438 y 1439, la incompetencia del juez es absoluta.
C1441 El tribunal de segunda instancia debe constituirse de la misma
manera que el de primera instancia. Pero si en el primer grado del
juicio dictó sentencia un juez único, según el can. 1425, P4, el
tribunal de segunda instancia debe actuar colegialmente.
CAPITULO III
De los tribunales de la Sede Apostólica
C1442 El Romano Pontífice es juez supremo para todo el orbe católico, y
dicta sentencia o personalmente, o mediante los tribunales ordinarios de
la Sede Apostólica, o por jueces en los cuales delega.
C1443 La Rota Romana es el tribunal ordinario constituido por el Romano
Pontífice para recibir apelaciones.
C1444 P1 La Rota Romana juzga:
1º. en segunda instancia, las causas sentenciadas por tribunales
ordinarios de primera instancia y que hayan sido elevadas a la Santa
Sede por apelación legítima;
2º. en tercera o ulterior instancia, las causas ya juzgadas por la misma
Rota Romana o por cualquier otro tribunal, a no ser que hayan pasado a
cosa juzgada.
P2 Este tribunal juzga también en primera instancia las causas previstas
en el can. 1405, P3, así como otras que el Romano Pontífice, tanto motu
proprio como a instancia de parte, hubiera avocado a su tribunal y
encomendado a la Rota Romana; y, si en el rescripto de comisión no se
indica otra cosa, la Rota juzga esas causas también en segunda y
ulterior instancia.
C1445 P1 El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica juzga:
1º. las querellas de nulidad y peticiones de restitución in integrum y
otros recursos contra las sentencias rotales;
2º. los recursos en las causas sobre el estado de las personas que la
Rota Romana se niega a admitir a nuevo examen;
3º.las excepciones de sospecha y demás causas contra los Auditores de la
Rota Romana por los actos realizados en el ejercicio de su función;
4º. los conflictos de competencia a que se refiere el can. 1416.
P2 Este mismo Tribunal dirime los litigios provenientes de un acto de la
potestad administrativa eclesiástica que se lleven a él legítimamente,
así como otras controversias administrativas que le hayan sido remitidas
por el Romano Pontífice o por los dicasterios de la Curia Romana, y los
conflictos de competencias entre dichos dicasterios.
P3 Corresponde también a este Supremo Tribunal:
1º. vigilar sobre la recta administración de la justicia y determinar
que se proceda contra los abogados o procuradores, si es necesario;
2º. prorrogar la competencia de los tribunales;
3º. fomentar y aprobar la erección de los tribunales a los que se
refiere los cann. 1423 y 1439.
T I T U L O III
De la disciplina que ha de observarse en los tribunales
CAPITULO I
Del oficio de los jueces y de los ministros del tribunal
C1446 P1 Todos los fieles, y en primer lugar los Obispos, han de
procurar con diligencia que, sin perjuicio de la justicia, se eviten en
lo posible los litigios en el pueblo de Dios y se arreglen pacíficamente
cuanto antes.
P2 Al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento, siempre que
abrigue alguna esperanza de éxito, el juez no dejará de exhortar y
ayudar a las partes, para que procuren de común acuerdo buscar una
solución equitativa de su controversia, y les indicará los medios
oportunos para lograr este fin, recurriendo incluso a personas serias
como mediadoras.
P3 Pero cuando el litigio versa sobre el bien particular de las partes,
considere el juez si puede concluirse útilmente por transacción o por
juicio arbitral, de acuerdo con los cann. 1713–1716.
C1447 Quien ha intervenido en una causa como juez, promotor de justicia,
defensor del vínculo, procurador, abogado, testigo o perito, no puede
después válidamente definir como juez la misma causa en otra instancia o
desempeñar el oficio de asesor.
C1448 P1 No acepte el juez conocer una causa en que tenga interés por
razón de consanguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta y
hasta el cuarto grado de línea colateral, o por razón de tutela o
curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención de un lucro o
prevención de un daño.
P2 En las mismas circunstancias, deben abstenerse de desempeñar su
oficio el promotor de justicia, el defensor del vínculo, el asesor y el
auditor.
C1449 P1 En los casos indicados en el can. 1448, si el propio juez no se
inhibe, la parte puede recusarlo.
P2 Sobre la recusación decide el Vicario judicial; y, si es recusado él
mismo, resuelve el Obispo que preside el tribunal.
P3 Si actúa como juez el mismo Obispo y es recusado, debe abstenerse de
juzgar.
P4 Si la recusación se opone contra el promotor de justicia, el defensor
del vínculo u otro ministro del tribunal, resuelve sobre dicha excepción
el presidente del tribunal colegial, o el juez, si es único.
C1450 Admitida la recusación, deben cambiarse las personas, pero sin
cambiar el grado del juicio.
C1451 P1 Sobre la recusación ha de resolverse con la máxima rapidez,
oyendo a las partes y al promotor de justicia o al defensor del vínculo,
si participan en el juicio y no son ellos mismos los recusados.
P2 Son válidos los actos realizados por el juez antes de ser recusado;
pero los efectuados después de interpuesta la recusación deben
rescindirse, si lo pide la parte en el plazo de diez días desde que fue
admitida la recusación.
C1452 P1 En las cuestiones que interesan únicamente a los particulares,
el juez sólo puede proceder a instancia de parte. Pero, una vez que se
ha introducido legítimamente una causa criminal u otra de las que se
refieren al bien público de la Iglesia o a la salvación de las almas, el
juez puede, e incluso debe, proceder de oficio.
P2 El juez puede además suplir la negligencia de las partes en la
presentación de pruebas o al oponer excepciones, siempre que lo
considere necesario para evitar una sentencia gravemente injusta,
quedando firmes las prescripciones del can. 1600.
C1453 Los jueces y los tribunales han de cuidar de que, sin merma de la
justicia, todas las causas se terminen cuanto antes, y de que en el
tribunal de primera instancia no duren más de un año, ni más de seis
meses en el de segunda instancia.
C1454 Todos los que forman parte del tribunal o colaboran con él han de
prestar juramento de que cumplirán recta y fielmente su tarea.
C1455 P1 Los jueces y ayudantes del tribunal están obligados a guardar
secreto de oficio en todo juicio penal, y también en el contencioso
cuando puede seguirse algún perjuicio para las partes de la divulgación
de algún acto procesal.
P2 Sin perjuicio de lo prescrito en el can. 1609, P4, también están
obligados siempre a guardar secreto sobre la discusión que tiene lugar
entre los jueces del tribunal colegial antes de dictar sentencia, así
como sobre los distintos votos y opiniones que se hayan manifestado en
ella.
P3 Más aún, siempre que, por la naturaleza de la causa o de las pruebas,
pueda ponerse en peligro la fama de otros por la divulgación de las
actas o de las pruebas, o se dé pie a rencillas o vaya a provocarse
escándalo u otro inconveniente semejante, el juez puede obligar a
guardar secreto bajo juramento a los testigos y peritos, así como a las
partes y a sus abogados o procuradores.
C1456 Está prohibido al juez y a todos los ministros del tribunal
aceptar regalos de cualquier tipo con ocasión de las actuaciones
judiciales.
C1457 P1 Los jueces que rehúsen administrar justicia aun siendo cierta y
evidentemente competentes, o que se declaren competentes sin ningún
título jurídico que le legitime esa competencia, y conozcan y decidan
las causas, o violen la ley del secreto, o por dolo o negligencia grave
causen otro daño a las partes, pueden ser castigados con penas adecuadas
por la autoridad competente, incluso con la privación del oficio.
P2 A las mismas sanciones está sometidos los ministros y ayudantes del
tribunal, si faltan a su deber, como se indica más arriba; a todos éstos
puede castigarlos también el juez.
CAPITULO II
Del orden en que han de conocerse las causas
C1458 Las causas se han de conocer siguiendo el mismo orden en que
fueron propuestas y registradas, a no ser que alguna de ellas exija una
expedición más rápida que las demás, lo que se ha de determinar por
decreto especial motivado.
C1459 P1 Aquellos vicios de los que es posible se siga la nulidad de la
sentencia, pueden proponerse como excepción o ser planteados de oficio
por el juez en cualquier fase o grado del juicio.
P2 Fuera de los casos indicados en el P1, las excepciones dilatorias, y
sobre todo las que se refieren a las personas y al modo del juicio, se
ha de proponer antes de la litiscontestación, a no ser que surgieran
después de que ésta hubiera tenido lugar; y deben decidirse cuanto
antes.
C1460 P1 Si la excepción se propone contra la competencia del juez, la
decisión corresponde al mismo juez.
P2 En caso de excepción de incompetencia relativa, si el juez se declara
competente, su decisión no admite apelación, pero cabe proponer la
querella de nulidad y la restitución in integrum.
P3 Si el juez se declara incompetente, la parte que se considera
perjudicada puede recurrir al tribunal de apelación dentro del plazo de
quince días útiles.
C1461 En cualquier fase de la causa, el juez que reconoce su
incompetencia absoluta, debe declararla.
C1462 P1 Las excepciones de cosa juzgada, de transacción y otras
perentorias que se denominan de "pleito acabado", han de proponerse y
tratarse antes de la litiscontestación; quien las proponga más tarde, no
ha de ser rechazado, pero debe ser condenado a las costas, salvo que
pruebe no haber retrasado con malicia la oposición.
P2 Las demás excepciones perentorias han de proponerse en la
contestación de la demanda, y deben ser tratadas en el momento
conveniente, según las reglas de las cuestiones incidentales.
C1463 P1 Las acciones reconvencionales sólo pueden proponerse
válidamente en el plazo de treinta días a partir de la contestación de
la demanda.
P2 Las mismas han de ser tratadas a la vez que la acción convencional,
es decir, al mismo ritmo que ésta, salvo que sea necesario conocerla por
separado o el juez considere que eso es más oportuno.
C1464 Las cuestiones sobre prestación de caución acerca del pago de las
costas judiciales, o sobre concesión de patrocinio gratuito, si se ha
pedido ya desde el primer momento, y otras semejantes, han de tratarse
ordinariamente antes de la litiscontestación.
CAPITULO III
De los plazos y prórrogas
C1465 P1 Los llamados plazos fatales, es decir, los plazos determinados
por la ley para la perención de los derechos, no pueden prorrogarse, ni
pueden válidamente abreviarse, si no es a petición de las partes.
P2 Sin embargo, los plazos judiciales y convencionales, antes de su
vencimiento, pueden ser prorrogados por el juez cuando hay una causa
justa, habiendo oído a las partes o a petición de éstas; pero nunca
pueden abreviarse válidamente, si no es con el consentimiento de las
partes.
P3 Cuide el juez, no obstante, de que el litigio no se prolongue
demasiado a causa de la prórroga.
C1466 Cuando la ley no señala plazos para la realización de actos
procesales, los debe determinar el juez, teniendo en cuenta la
naturaleza de cada acto.
C1467 Si el día señalado para un acto judicial estuviera cerrado el
tribunal, el plazo se entiende prorrogado para el primer día hábil.
CAPITULO IV
Del lugar del juicio
C1468 Todo tribunal ha de tener, en lo posible, una sede fija, que
estará abierta a horas determinadas.
C1469 P1 El juez expulsado por la fuerza de su territorio o impedido
para ejercer en él su jurisdicción, puede ejercerla fuera del territorio
y dictar sentencia, pero informando al Obispo diocesano.
P2 Además de lo dicho en el P1, el juez, por causa justa y oídas las
partes, puede salir de su propio territorio para recoger pruebas, pero
con licencia del Obispo diocesano del lugar al que va y en la sede que
éste determine.
CAPITULO V
De las personas que han de ser admitidas en la sede del tribunal
y del modo de redactar y conservar las actas
C1470 P1 Si una ley particular no dispone otra cosa, mientras se trata
la causa ante el tribunal sólo deben estar presentes en el aula aquellos
que la ley o el juez determinen que son necesarios para realizar el
proceso.
P2 Puede el juez obligar con penas proporcionadas a observar una
conducta debida a quienes asisten al juicio y falten gravemente al
respeto y obediencia debidos al tribunal; y, además, a los abogados y
procuradores puede suspenderlos del ejercicio de su función ante
tribunales eclesiásticos.
C1471 Si una persona a la que se ha de interrogar emplea una lengua
desconocida para el juez o las partes, ha de recurrirse a un intérprete
jurado, designado por el juez. Sin embargo, las declaraciones han de
consignarse por escrito en la lengua original, añadiendo la traducción.
También se empleará intérprete cuando deba ser interrogado un sordo o
mudo, salvo que el juez prefiera que responda por escrito a las
preguntas que se le presenten.
C1472 P1 Los actos judiciales deben redactarse por escrito, tanto si se
refieren a la sustancia del litigio, o actos de la causa, como a la
forma de proceder, o actos del proceso.
P2 Debe numerarse y autenticarse cada hoja de las actas.
C1473 Cuando en las actas judiciales se requiere la firma de las partes
o de los testigos, si la parte o el testigo no pueden o no quieren
firmar, ha de consignarse esto en las mismas actas, y a la vez el juez y
el notario darán fe de que esa acta se ha leído íntegramente a la parte
o al testigo y de que ni la parte ni el testigo pudieron o quisieron
firmar.
C1474 P1 En caso de apelación, se ha de remitir al tribunal superior
copia de los autos, dando fe el notario de su autenticidad.
P2 Si los autos están redactados en una lengua desconocida por el
tribunal superior, han de traducirse a otro idioma conocido por él,
tomando precauciones para que conste la fidelidad de la traducción.
C1475 P1 Al terminar el juicio, deben devolverse a los particulares los
documentos que les pertenecen, conservando sin embargo copia de los
mismos.
P2 Sin mandato del juez, está prohibido a los notarios y al canciller
proporcionar copia de las actas judiciales y de los documentos que
forman parte del proceso.
T I T U L O IV
De las partes en causa
CAPITULO I
Del actor y del demandado
C1476 Cualquier persona, esté o no bautizada, puede demandar
en juicio; y la parte legítimamente demandada tiene obligación de
responder.
C1477 Aunque el actor o el demandado nombren procurador o abogado,
tienen obligación de acudir personalmente al juicio siempre que lo
prescriban el derecho o el juez.
C1478 P1 Los menores y aquellos que carecen de uso de razón sólo pueden
comparecer en juicio por medio de sus padres, tutores o curadores, salvo
lo prescrito en el P3.
P2 Si el juez considera que los derechos de los menores están en
conflicto con los de sus padres, tutores o curadores, o que éstos no
pueden tutelar suficientemente los derechos de los mismos, se personarán
en juicio por medio de un tutor o curador que designe el juez.
P3 Sin embargo, en las causas espirituales y en las conexas con ellas,
los menores que hayan alcanzado el uno de razón pueden demandar y
contestar por sí mismos, sin el consentimiento de los padres y del
tutor, si hubieran cumplido catorce años; de no ser así deberán hacerlo
mediante un curador nombrado por el juez.
P4 Los que sufren interdicción de bienes o algún trastorno mental sólo
pueden comparecer en juicio para responder de sus propios delitos o por
mandato del juez; en los demás casos deben demandar y contestar por
medio de sus curadores.
C1479 Cuando la autoridad civil ya ha designado tutor o curador, éste
puede ser admitido por el juez eclesiástico, después de oír, si es
posible, al Obispo diocesano de aquel a quien se dio; pero si no está
designado o si se considera que no debe ser admitido, el juez designará
un tutor o curador para la causa.
C1480 P1 Las personas jurídicas actúan en el juicio por medio de sus
legítimos representantes.
P2 Pero si no tuvieran representante o éste fuera negligente, puede el
Ordinario actuar en juicio, por sí o por otro, en nombre de las personas
jurídicas que están bajo su jurisdicción.
CAPITULO II
De los procuradores judiciales y abogados
C1481 P1 La parte puede designar libremente su abogado y procurador;
pero, salvo en los casos indicados en los PP 2–3, puede también demandar
y contestar personalmente, a no ser que el juez considere necesaria la
ayuda del procurador o del abogado.
P2 En el juicio penal, el acusado debe tener siempre un abogado, elegido
por él mismo o nombrado por el juez.
P3 En el juicio contencioso, si se trata de menores o de un juicio en el
cual entra en juego el bien público, con excepción de las causas
matrimoniales, el juez ha de designar de oficio un defensor a la parte
que no lo tiene.
C1482 P1 Cada litigante puede designar sólo un procurador, el cual no
puede hacerse sustituir por otro, si no se le concede expresamente esa
facultad.
P2 Sin embargo, cuando por justa causa una persona designa varios
procuradores, lo hará de manera que se dé entre ellos lugar a la
prevención.
P3 Pueden nombrarse varios abogados a la vez.
C1483 El procurador y el abogado han de ser mayores de edad y de buena
fama; además, el abogado debe ser católico, a no ser que el Obispo
diocesano permita otra cosa, y doctor, o, al menos, verdaderamente
perito en derecho canónico, y contar con la aprobación del mismo Obispo.
C1484 P1 El procurador y el abogado, antes de iniciar su función, deben
presentar su mandato auténtico al tribunal.
P2 Sin embargo, para impedir la extinción de un derecho, el juez puede
admitir a un procurador aunque no presente el mandato, exigiéndole la
debida garantía, si lo cree oportuno; pero el acto carece absolutamente
de eficacia en caso de que el procurador no presente el mandato legítimo
dentro del plazo perentorio fijado por el juez.
C1485 Sin mandato especial, el procurador no puede válidamente renunciar
a la acción, a la instancia o a los actos judiciales; ni realizar
transacción, pacto o compromiso arbitral, ni, en general, aquello para
lo que el derecho requiere mandato especial.
C1486 P1 Para que produzca efecto la remoción del procurador o del
abogado, es necesario que se le intime y, si ya ha tenido lugar la
contestación de la demanda, que se notifique la remoción al juez y a la
parte contraria.
P2 Después de la sentencia definitiva, el procurador sigue teniendo
derecho y obligación de apelar, mientras el mandante no se oponga.
C1487 Tanto el procurador como el abogado pueden ser rechazados por el
juez mediante decreto, tanto de oficio como a instancia de parte, pero
siempre por causa grave.
C1488 P1 Se prohíbe a ambos comprar el pleito, o pactar emolumentos
excesivos o sobre una parte reclamada de la cosa litigiosa. Si hicieran
eso, el pacto es nulo, y pueden ser multados por el juez. Además, el
abogado puede ser suspendido de su oficio o, si es reincidente,
eliminado del elenco de abogados por el Obispo que preside el tribunal.
P2 Del mismo modo pueden ser castigados los abogados y procuradores que,
con fraude de ley, sustraen causas a los tribunales competentes para que
sean sentenciadas por otros de modo más favorable.
C1489 Los abogados y procuradores que, por regalos o promesas o por
cualquier otra razón, prevarican de su oficio, han de ser suspendidos de
su patrocinio y castigados con una multa u otras penas proporcionales.
C1490 En la medida de lo posible, en todo tribunal ha de haber patronos
estables, que reciban sus honorarios del mismo tribunal, y que ejerzan
la función de abogado o de procurador, sobre todo en las causas
matrimoniales, en favor de las partes que libremente prefieran
designarlos.
T I T U L O V
De las acciones y excepciones
CAPITULO I
De las acciones y excepciones en general
C1491 Todo derecho está protegido no sólo por una acción, mientras no se
establezca expresamente otra cosa, sino también por una excepción.
C1492 P1 Toda acción se extingue por prescripción de acuerdo con el
derecho, o de otro modo legítimo, excepto las que se refieren al estado
de las personas, que nunca se extinguen.
P2 Salvo lo que prescribe el can. 1462, la excepción puede oponerse
siempre, y es perpetua por naturaleza.
C1493 El actor puede ejercitar contra alguien varias acciones a la vez,
siempre que no estén en conflicto entre sí, sobre el mismo asunto o
sobre varios, mientras no sobrepasen la competencia del tribunal al que
acude.
C1494 P1 El demandado puede proponer acción reconvencional contra el
actor ante el mismo juez y en el mismo juicio, bien por la conexión de
la causa con la acción principal, bien para neutralizar o disminuir la
petición del actor.
P2 No se admite la reconvención contra la reconvención.
C1495 La acción reconvencional debe proponerse al juez ante quien se
presentó la acción precedente, aunque sea delegado sólo para una causa o
resulte de otro modo afectado de incompetencia relativa.
CAPITULO II
De las acciones y excepciones en particular
C1496 P1 Aquel que hace ver al menos con argumentos probables que tiene
derecho sobre una cosa que está en poder de otro, y que puede
ocasionársele un daño si no se pone bajo custodia, tiene derecho a
obtener del juez el secuestro de la misma cosa.
P2 En análogas circunstancias, puede reclamar que se prohíba a otro el
ejercicio de un derecho.
C1497 P1 También se admite el embargo de una cosa para asegurar un
crédito, con tal de que conste suficientemente el derecho del acreedor.
P2 El embargo puede extenderse también a los bienes del deudor que se
encuentren por cualquier título en poder de otras persona, así como a
los créditos del deudor.
C1498 De ninguna manera puede decretarse el secuestro de una cosa o la
inhibición del ejercicio de un derecho, si puede ser reparado de otro
modo el daño que se teme y se ofrece una garantía conveniente para su
reparación.
C1499 A aquél a quien el juez concede el secuestro de una cosa o la
inhibición del ejercicio de un derecho, puede exigirle una garantía
previa para el resarcimiento de daños, en caso de que no pruebe tener
derecho.
C1500 Sobre la naturaleza y efectos de la acción posesoria, deben
observarse las normas del derecho civil del lugar donde se encuentra la
cosa cuya posesión se discute.
P A R T E II
DEL JUICIO CONTENCIOSO
S E C C I O N I
DEL JUICIO CONTENCIOSO ORDINARIO
T I T U L O I
De la introducción de la causa
CAPITULO I
Del escrito de demanda
C1501 El juez no puede juzgar causa alguna, si el interesado o el
promotor de justicia no han formulado una petición a tenor de los
cánones.
C1502 Quien desea demandar a alguien, debe presentar un escrito al juez
competente, en el que se indique el objeto de la controversia y se pida
el ministerio del juez.
C1503 P1 El juez puede admitir una petición oral, cuando el actor tenga
un impedimento para presentarla por escrito, o si se trata de una causa
de fácil investigación y de poca importancia.
P2 Sin embargo, en ambos casos el juez mandará al notario que levante
acta, que ha de ser leída al actor y aprobada por éste, y que sustituye
al escrito del actor a todos los efectos jurídicos.
C1504 El escrito de demanda debe:
1º. especificar ante qué juez se introduce la causa, qué se pide y
contra quién;
2º. indicar en qué derecho se funda el actor y, al menos de modo
general, en qué hechos y pruebas se apoya para demostrar lo que afirma;
3º. estar firmado por el actor o por su procurador, con indicación del
día, mes y año, así como también del lugar donde habitan o dijeren tener
su residencia a efectos de recibir documentos;
4º. indicar el domicilio o cuasidomicilio del demandado.
C1505 P1 El juez único o el presidente del tribunal colegial, tras
comprobar que el asunto es de su competencia y que el actor tiene
capacidad legal para actuar en juicio, debe admitir o rechazar cuanto
antes el escrito de demanda, mediante decreto.
P2 Unicamente puede rechazarse el escrito de demanda:
1º. si el juez o tribunal son incompetentes;
2º. si consta con certeza que el actor carece de capacidad procesal;
3º. si no se ha cumplido lo que manda el can. 1504, nn. 1–3;
4º. si del mismo escrito de demanda se deduce con certeza que la
petición carece de todo fundamento y que no cabe esperar que del proceso
aparezca fundamento alguno.
P3 Si el escrito ha sido rechazado por defectos que es posible subsanar,
el actor puede presentar ante el mismo juez uno nuevo correctamente
redactado.
P4 En el plazo útil de diez días, la parte puede interponer recurso
motivado contra el rechazo del escrito ante el tribunal de apelación, o
ante el colegio si fue rechazado por el presidente; y la cuestión sobre
el rechazo ha de decidirse con la mayor rapidez.
C1506 Si, en el plazo de un mes desde que se presentó el escrito de
demanda, el juez no emite decreto admitiéndolo o rechazándolo de acuerdo
con el can. 1505, la parte interesada puede instar al juez a que cumpla
su obligación; y si, a pesar de todo, el juez guarda silencio, pasados
inútilmente diez días desde la presentación de la instancia, el escrito
de demanda se considera admitido.
CAPITULO II
De la citación y notificación de los actos judiciales
C1507 P1 En el decreto por el que se admite el escrito de demanda del
actor, el juez o el presidente debe llamar a juicio o citar a las demás
partes, para la contestación de la demanda, determinando si deben
responder por escrito o comparecer ante él para concordar las dudas. Y
si, ante las respuestas escritas, deduce la necesidad de convocar a las
partes, puede mandarlo así mediante un nuevo decreto.
P2 Si la demanda se considera admitida a tenor del can. 1506, el decreto
de citación a juicio debe darse dentro del plazo de veinte días desde
que se presentó la instancia mencionada en ese canon.
P3 Cuando los litigantes comparecen de hecho ante el juez para tratar de
la causa, no es necesaria la citación; pero el actuario debe hacer
constar en las actas que las partes estaban presentes.
C1508 P1 El decreto de citación judicial debe notificarse en seguida al
demandado, y al mismo tiempo a aquellos otros que deban comparecer.
P2 Debe unirse a la citación el escrito de demanda, a no ser que, por
motivos graves, el juez considere que éste no debe darse a conocer a la
parte antes de que declare en el juicio.
P3 Si se demanda a quien no tiene el libre ejercicio de sus derechos o
la libre administración de las cosas sobre las que se litiga, la
citación se ha de hacer, según los casos, al tutor, curador, procurador
especial o a aquel que, según el derecho, está obligado a asumir en su
nombre el juicio.
C1509 P1 La notificación de las citaciones, decretos, sentencias y otros
actos judiciales ha de hacerse por medio del servicio público de correos
o por otro procedimiento muy seguro, observando las normas establecidas
por ley particular.
P2 Debe constar en las actas la notificación y el modo en que se ha
hecho.
C1510 El demandado que rehúse recibir la cédula de citación, o que
impida que ésta llegue a sus manos, ha de tenerse por legítimamente
citado.
C1511 Si la citación no fuera legítimamente notificada, son nulos los
actos del proceso, salvo lo que prescribe el can. 1507 P3.
C1512 Una vez que haya sido notificada legítimamente la citación o que
las partes hayan comparecido ante el juez para tratar la causa: 1º. la
cosa deja de estar íntegra; 2º. la causa se hace propia de aquel juez o
del tribunal ante el cual se ha entablado la acción, con tal de que sean
competentes; 3º. se consolida la jurisdición del juez delegado, de tal
manera que no se extingue al cesar el derecho del que delegó; 4º. se
interrumpe la prescripción, si no se ha establecido otra cosa; 5º.
comienza la litispendia, y, por tanto, se aplica inmediatamente el
principio "mientras está pendiente el litigio, nada debe innovarse".
T I T U L O II
De la contestación de la demanda
C1513 P1 Se da la litiscontestación cuando, por decreto del juez, quedan
fijados los límites de la controversia, tomados de las peticiones y
respuestas de las partes.
P2 Las peticiones y respuestas de las partes pueden hacerse no sólo en
el escrito de demanda, sino también en la respuesta a la citación o en
las declaraciones orales hechas ante el juez; pero, en las causas más
difíciles, las partes han de ser convocadas por el juez, para concordar
la duda o las dudas a las que se ha de dar respuesta en la sentencia.
P3 Se ha de notificar a las partes el decreto del juez; y, si no están
de acuerdo, pueden recurrir en el plazo de diez días, para que lo
modifique, ante el mismo juez, el cual debe decidir la cuestión por
decreto con toda rapidez.
C1514 Los términos de la controversia, una vez definidos, no pueden
modificarse válidamente, si no es mediante nuevo decreto, por causa
grave, a instancia de parte y habiendo oído a las restantes, cuyas
razones han de ser debidamente ponderadas.
C1515 La litiscontestación interrumpe la buena fe del poseedor de cosa
ajena; por tanto, si se le condena a la restitución, debe devolver
asimismo los frutos y resarcir los daños producidos desde aquel momento.
C1516 Después de la litiscontestación, el juez fijará a las partes un
tiempo conveniente, para que puedan proponer y realizar las pruebas.
T I T U L O III
De la instancia judicial
C1517 La instancia comienza por la citación; concluye no sólo por la
sentencia definitiva, sino también de otros modos establecidos por el
derecho.
C1518 Cuando un litigante muere, o cambia de estado, o cesa en el oficio
por razón del cual actúa:
1º. si la causa aún no hubiera concluido, la instancia se suspende hasta
que la reanude el heredero del difunto o su sucesor o el legítimamente
interesado;
2º. si estuviera concluida la causa, el juez debe proseguirla, citando
al procurador; y si no lo hay, al heredero del difunto o su sucesor.
C1519 P1 Si cesan en su cargo el tutor o curador o el procurador
requerido por el can. 1481, PP 1 y 3, la instancia queda entretanto
suspendida.
P2 El juez debe designar cuanto antes otro tutor o curador; y puede
también constituir un procurador para la causa, si la parte no lo hace
dentro del breve plazo que determinará el mismo juez.
C1520 La instancia caduca cuando, sin que exista un impedimento, las
partes no realizan ningún acto procesal durante seis meses. Por ley
particular pueden establecerse otros plazos de caducidad.
C1521 La caducidad tiene lugar ipso iure y frente a todos, incluso
frente a los menores y a los equiparados a ellos, y debe asimismo
declararse de oficio, quedando a salvo el derecho a pedir indemnización
a los tutores, curadores, administradores o procuradores que no prueben
estar libres de culpa.
C1522 La caducidad extingue las actas del proceso, pero no las de la
causa; más aún, éstas pueden tener eficacia también en otra instancia,
con tal de que el litigio tenga lugar entre las mismas personas y sobre
el mismo objeto; pero, en relación a los extraños, sólo tienen el valor
de documentos.
C1523 Si el juicio caduca, cada uno de los litigantes habrá de hacerse
cargo de los gastos que haya realizado.
C1524 P1 El actor puede renunciar a la instancia en cualquier estado y
grado del juicio; asimismo, tanto el actor como el demandado pueden
renunciar a los actos del proceso, ya sea a todos, ya sólo a alguno de
ellos.
P2 Para poder renunciar a la instancia, los tutores y administradores de
las personas jurídicas necesitan el consejo o el consentimiento de
aquellos cuyo concurso es necesario para realizar actos que sobrepasan
los límites de la administración ordinaria.
P3 Para que la renuncia sea válida, ha de hacerse por escrito, que
firmará la parte misma, o su procurador dotado de mandato especial; debe
notificarse a la otra parte, y ser aceptada, o al menos no impugnada por
ésta, y admitida por el juez.
C1525 La renuncia admitida por el juez produce sobre los actos
renunciados los mismos efectos que la caducidad de la instancia; y
además obliga al renunciante a correr con las costas de los actos a los
que haya renunciado.
T I T U L O IV
De las pruebas
C1526 P1 La carga de la prueba incumbe al que afirma.
P2 No necesitan prueba:
1º. aquellas cosas que la misma ley presume;
2º.los hechos afirmados por uno de los contendientes y admitidos por el
otro, salvo que, pese a ello, el derecho o el juez exijan su prueba.
C1527 P1 Pueden aportarse cualesquiera pruebas que se consideren útiles
para dilucidar la causa y que sean lícitas.
P2 Si una parte insiste en que se admita una prueba rechazada por el
juez, el mismo juez ha de decidir la cuestión con toda rapidez.
C1528 Si una parte o un testigo rehúsan comparecer ante el juez para
responder, pueden ser oídos también por medio de un laico que el juez
designe, o puede requerirse su declaración ante un notario público o por
otro modo legítimo.
C1529 Si no es por causa grave, el juez no proceda a recoger pruebas
antes de la litiscontestación.
CAPITULO I
De las declaraciones de las partes
C1530 Para mejor descubrir la verdad, el juez puede interrogar a las
partes, en cualquier momento, e incluso debe hacerlo a instancia de
parte o para probar un hecho que interesa públicamente dejar fuera de
toda duda.
C1531 P1 La parte legítimamente interrogada debe responder y decir toda
la verdad.
P2 Si rehúsa responder, corresponde al juez valorar esa actitud en orden
a la prueba de los hechos.
C1532 Cuando en una causa entre en juego el bien público, el juez ha de
pedir a las partes juramento de que dirán la verdad o, al menos, de que
es verdad lo que han dicho, a no ser que una causa grave aconseje otra
cosa; en los demás casos, puede hacerlo según su prudencia.
C1533 Las partes, el promotor de justicia y el defensor del vínculo
pueden presentar al juez artículos o preguntas sobre los que ha de
interrogarse a la parte.
C1534 Para el interrogatorio de las partes se han de observar,
análogamente, las normas que se establecen acerca de los testigos en los
cann. 1548, P2, n. 1, 1552 y 1558–1565.
C1535 Confesión judicial es la afirmación escrita u oral sobre algún
hecho ante el juez competente, manifestada por una de las partes acerca
de la materia del juicio y contra sí misma, tanto espontáneamente como a
preguntas del juez.
C1536 P1 La confesión judicial de una de las partes, cuando se trata de
un asunto privado y no entra en juego el bien público, releva a las
demás de la carga de la prueba.
P2 Sin embargo, en las causas que afectan al bien público, la confesión
judicial y las declaraciones de las partes que no sean confesiones
pueden tener fuerza probatoria, que habrá de valorar el juez juntamente
con las demás circunstancias de la causa, pero no se les puede atribuir
fuerza de prueba plena, a no ser que otros elementos las corroboren
totalmente.
C1537 Respecto a la confesión extrajudicial aportada al juicio,
corresponde al juez, sopesadas todas las circunstancias, estimar qué
valor debe atribuírsele.
C1538 La confesión o cualquier otra declaración de una parte carece de
todo valor si consta que la ha emitido por error de hecho o arrancada
por violencia o miedo grave.
CAPITULO II
De la prueba documental
C1539 En toda clase de juicios se admite la prueba por documentos, tanto
públicos como privados.
Art. 1
De la naturaleza y fe de los documentos
C1540 P1 Son documentos públicos eclesiásticos aquellos que han sido
redactados por una persona pública en el ejercicio de su función en la
Iglesia y observando las solemnidades prescritas por el derecho.
P2 Son documentos públicos civiles los que, según las leyes de cada
lugar, se reconocen como tales.
P3 Los demás documentos son privados.
C1541 A no ser que conste otra cosa por argumentos contrarios y
evidentes, los documentos públicos hacen fe de todo aquello que directa
y principalmente se afirma en ellos.
C1542 El documento privado, tanto el admitido por la parte como el
reconocido por el juez, tiene la misma fuerza probatoria que la
confesión extrajudicial contra su autor o quien lo firmó o sus
causahabientes; contra los extraños, tiene la misma fuerza que las
declaraciones de las partes que no sean confesiones, de acuerdo con el
can. 1536, P2.
C1543 Si se demuestra que los documentos están raspados, corregidos,
interpolados o afectados por otro vicio, corresponde al juez valorar si
pueden tenerse en cuenta y en qué medida.
Art. 2
De la presentación de los documentos
C1544 Los documentos carecen de fuerza probatoria en el juicio si no se
presenta su original o copia auténtica, y se depositan en la cancillería
del tribunal, para que puedan ser examinados por el juez y por el
adversario.
C1545 El juez puede mandar que se presente en el proceso un documento
común a ambas partes.
C1546 P1 Nadie está obligado a presentar documentos, aunque sean
comunes, que no pueden mostrarse sin peligro de daño, de acuerdo con el
can. 1548, P2, n. 2, o sin peligro de violar la obligación de guardar
secreto.
P2 Sin embargo, si es posible transcribir al menos una parte del
documentos y mostrarla sin los inconvenientes mencionados, el juez puede
mandar que se presente.
CAPITULO III
De los testigos y sus testimonios
C1547 En todas las causas se admite la prueba testifical bajo la
dirección del juez.
C1548 P1 Los testigos deben declarar la verdad al juez que los interroga
de manera legítima.
P2 Quedando a salvo lo que se prescribe en el can. 1550, P2, n. 2, están
exentos de la obligación de responder:
1º. los clérigos, en lo que se les haya confiado por razón del
ministerio sagrado; los magistrados civiles, médicos, comadronas,
abogados, notarios y otros que están obligados a guardar secreto de
oficio incluso por razón del consejo dado en lo que se refiere a los
asuntos que caen bajo ese secreto;
2º. quienes temen que de su testimonio les sobrevendrán infamia,
vejaciones peligrosas u otros males graves para sí mismos, para el
cónyuge, o para consanguíneos o afines próximos.
Art. 1
Quiénes pueden ser testigos
C1549 Todos pueden ser testigos, a no ser que en todo o en parte estén
rechazados expresamente por el derecho.
C1550 P1 No se admitan como testigos los menores de catorce años y los
débiles mentales, pero podrán ser oídos si el juez por decreto
manifiesta que es conveniente.
P2 Se consideran incapaces:
1º.los que son partes en la causa o comparecen en juicio en nombre de
las partes, el juez y sus ayudantes, el abogado y aquellos otros que
prestan o han prestado asistencia a las partes en la misma causa;
2º.los sacerdotes, respecto a todo lo que conocen por confesión
sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo
que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede
ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad.
Art. 2
De los testigos que han de ser llamados y excluidos
C1551 La parte que presentó un testigo puede renunciar a su examen; pero
la parte contraria puede pedir que, no obstante, el testigo sea oído.
C1552 P1 Cuando se pide la prueba de testigos, deben indicarse al
tribunal sus nombres y domicilios.
P2 Dentro del plazo determinado por el juez, deben presentarse los
artículos sobre los que se pide el interrogatorio de los testigos; de no
hacerlo así, se considera que se desiste de la petición.
C1553 Corresponde al juez evitar un número excesivo de testigos.
C1554 Antes de interrogar a los testigos, deben notificarse sus nombres
a las partes; pero si, según la prudente apreciación del juez, no
pudiera hacerse esto sin grave dificultad, efectúese al menos antes de
la publicación de los testimonios.
C1555 Quedando a salvo lo que prescribe el can. 1550, la parte puede
pedir que se excluya a un testigo, si antes de su interrogatorio se
prueba que hay causa justa para la exclusión.
C1556 La citación de un testigo se hace mediante decreto del juez
legítimamente notificado al mismo.
C1557 El testigo debidamente citado debe comparecer o comunicar al juez
el motivo de su ausencia.
Art. 3
Del examen de los testigos
C1558 P1 Los testigos han de ser examinados en la sede del tribunal, a
no ser que el juez considere oportuna otra cosa.
P2 Los Cardenales, Patriarcas, Obispos y aquellos que según el derecho
de su nación gozan de ese favor, han de ser oídos en el lugar por ellos
elegido.
P3 El juez ha de decidir dónde deben ser oídos aquellos a quienes, por
la distancia, enfermedad u otro impedimento, sea imposible o difícil
acudir a la sede del tribunal, sin perjuicio de lo que prescriben los
cann. 1418 y 1469, P2.
C1559 Las partes no pueden asistir al examen de los testigos, a no ser
que el juez, sobre todo cuando esté en causa el bien privado, considere
que han de ser admitidas. Pueden sin embargo asistir sus abogados o
procuradores, a no ser que, por las circunstancias del asunto y de las
personas, el juez estime que debe procederse en forma secreta.
C1560 P1 Cada testigo ha de ser examinado por separado.
P2 Si los testigos discrepan entre sí o con la parte en una cuestión
grave, el juez puede realizar un careo entre ellos, evitando, en la
medida de lo posible, las disensiones y el escándalo.
C1561 El juez, su delegado o un auditor hacen el examen del testigo, al
que debe asistir un notario; por tanto, si las partes, el promotor de
justicia, el defensor del vínculo, o los abogados que asisten al
interrogatorio, quieren formular otras preguntas al testigo, no han de
hacérselas directamente a él, sino que deben proponerlas al juez o a
quien hace sus veces, para que sea él quien las formule, a no ser que la
ley particular establezca otra cosa.
C1562 P1 El juez debe recordar al testigo su obligación grave de decir
toda la verdad y sólo la verdad.
P2 El juez ha de pedir juramento al testigo según el can. 1532; y si el
testigo se niega, ha de ser oído sin juramento.
C1563 El juez debe comprobar en primer lugar la identidad del testigo, y
ha de preguntarle cuál es su relación con las partes y, cuando le hace
preguntas específicas acerca de la causa, debe investigar también cuáles
son las fuentes de su conocimiento y en qué momento concreto se enteró
de aquello que afirma.
C1564 Las preguntas han de ser breves, acomodadas a la capacidad del
interrogado, que no abarquen varias cuestiones a la vez, no capciosas o
falaces o que sugieran una respuesta, que a nadie ofendan y que sean
pertinentes a la causa.
C1565 P1 Las preguntas no deben darse a conocer con antelación a los
testigos.
P2 No obstante, si los hechos sobre los que se ha de declarar son de tan
difícil memoria que no puedan afirmarse con certeza a no ser que se
recuerden previamente, el juez puede anunciar con antelación al testigo
algunos puntos, si considera que es posible hacerlo sin peligro.
C1566 Los testigos prestarán testimonio oral y no deben leer escritos, a
no ser que se trate de cálculos o de cuentas; en este caso podrán
consultar las anotaciones que lleven consigo.
C1567 P1 El notario debe poner inmediatamente por escrito la respuesta,
consignando las mismas palabras de la declaración, al menos en cuanto se
refieren directamente al objeto del juicio.
P2 Se puede admitir el empleo de un magnetófono, con tal de que las
respuestas se consignen después por escrito y sean firmadas, si es
posible, por los que han prestado declaración.
C1568 El notario debe hacer constar en las actas si se prestó juramento
o si éste fue dispensado o rehusado, y también si las partes u otras
personas estaban presentes, así como las preguntas añadidas de oficio y,
en general, todo aquello que haya sucedido durante el interrogatorio de
los testigos y que merezcan recordarse.
C1569 P1 Al terminar el examen, debe leerse al testigo lo escrito por el
notario de su declaración, o hacerle oír lo que se ha grabado en cinta
magnetofónica, dándole la posibilidad de añadir, suprimir, corregir o
modificar lo que juzgue necesario.
P2 Finalmente, deben firmar el acta el testigo, el juez y el notario.
C1570 Si el juez lo considera necesario o útil, con tal de que no haya
peligro de fraude o corrupción, a petición de parte o de oficio, los
testigos pueden ser llamados de nuevo a declarar antes de publicar las
actas o testimonios aunque ya hayan sido examinados.
C1571 De acuerdo con la justa tasación del juez, deben reembolsarse a
los testigos tanto los gastos que hayan hecho como los ingresos no
percibidos con motivo del testimonio dado.
Art. 4
Del valor de los testimonios
C1572 Al valorar los testimonios, el juez debe considerar los siguientes
aspectos, solicitando cartas testimoniales, si es necesario:
1º. cuál sea la condición de la persona y su honradez;
2º. si declara de ciencia propia principalmente de lo que ha visto u
oído, o si manifiesta su opinión, o lo que es sentir común o ha oído a
otros;
3º. si el testigo es constante y firmemente coherente consigo mismo, o
si es variable, inseguro o vacilante; 4º. si hay testimonios contestes,
o si la declaración se confirma o no con otros elementos de prueba.
C1573 La declaración de un solo testigo no tiene fuerza probatoria
plena, a no ser que se trate de un testigo cualificado que deponga sobre
lo que ha realizado en razón de su oficio, o que las circunstancias
objetivas o subjetivas persuadan de otra cosa.
CAPITULO IV
De los peritos
C1574 Se ha de acudir al auxilio de peritos siempre que, por
prescripción del derecho o del juez, se requiera su estudio y dictamen,
basado en las reglas de una técnica o ciencia, para comprobar un hecho o
determinar la verdadera naturaleza de una cosa.
C1575 Corresponde al juez nombrar a los peritos, después de oír a las
partes o a propuesta de ellas; y, si fuese oportuno, asumir los
dictámenes ya elaborados por otros peritos.
C1576 Los peritos quedan excluidos o pueden ser recusados por las mismas
causas que los testigos.
C1577 P1 Teniendo en cuenta lo que hubieran aducido los litigantes, el
juez determinará mediante decreto cada una de las cuestiones que debe
considerar el dictamen de los peritos.
P2 Se han de entregar al perito las actas de la causa y aquellos otros
documentos y adminículos que pueda necesitar para cumplir bien y
fielmente su cometido.
P3 Después de oír al perito, el juez le fijará un plazo dentro del cual
tendrá que efectuar su estudio y presentar el dictamen.
C1578 P1 Cada perito ha de elaborar por separado su propio dictamen, a
no ser que el juez mande que se presente uno solo, que habrá de ser
firmado por todos: en este caso, deben anotarse diligentemente las
discrepancias, si las hubiere.
P2 Los peritos han de hacer constar claramente por qué documentos u
otros medios idóneos se han cerciorado de la identidad de las personas,
cosas o lugares, de qué manera han procedido para cumplir el encargo que
se les confió y, sobre todo, en qué argumentos fundan las conclusiones a
las que haya llegado.
P3 El perito puede ser llamado por el juez para que añada las
explicaciones que parezcan necesarias.
C1579 P1 El juez ha de ponderar atentamente no sólo las conclusiones de
los peritos, aunque éstas sean concordes, sino también las demás
circunstancias de la causa.
P2 Cuando exponga las razones de su decisión, debe hacer constar por qué
motivos ha aceptado o rechazado las conclusiones de los peritos.
C1580 A los peritos se les pagarán los gastos y honorarios que con
equidad determine el juez, observando el derecho particular.
C1581 P1 Las partes pueden designar peritos privados, que necesitan la
aprobación del juez.
P2 Estos, si el juez lo permite, pueden ver las actas de la causa, en la
medida en que sea necesario, y asistir a la realización de la pericia; y
pueden siempre presentar su propio dictamen.
CAPITULO V
Del acceso y reconocimiento judicial
C1582 Si, para decidir la causa, el juez considera conveniente
trasladarse a algún lugar o examinar alguna cosa, debe establecerlo
mediante decreto, en el que, habiendo oído a las partes, indique
sumariamente el contenido concreto del reconocimiento.
C1583 Se levantará acta del reconocimiento realizado.
CAPITULO VI
De las presunciones
C1584 La presunción es una conjetura probable sobre una cosa incierta.
Puede ser de derecho, cuando la determina la ley, o de hombre, si
proviene de un razonamiento del juez.
C1585 Quien tiene a su favor una presunción de derecho, queda exonerado
de la carga de la prueba, que recae sobre la parte contraria.
C1586 El juez no debe formular presunción alguna que no esté establecida
por el derecho, a no ser sobre un hecho cierto y determinado que tenga
relación directa con lo que es objeto de controversia.
T I T U L O V
De las causas incidentales
C1587 Se produce una causa incidental siempre que, después de haber
comenzado el juicio por la citación, se plantea una cuestión que, aun no
estando incluida expresamente en el escrito de demanda, concierne de tal
manera a la causa, que normalmente habrá de ser resuelta antes que la
cuestión principal.
C1588 La causa incidental se propone por escrito o de palabra, indicando
la relación que existe entre ella y la causa principal, ante el juez que
es competente para juzgar esta última.
C1589 P1 Una vez recibida la petición y oídas las partes, el juez debe
decidir con toda rapidez si la cuestión incidental propuesta parece
tener fundamento y está en relación con el juicio principal, o si debe
rechazarse desde el primer momento; y, en el caso de admitirla, si es
tal su gravedad, que deba resolverse por sentencia interlocutoria o por
decreto.
P2 Si juzga que la cuestión incidental no debe resolverse antes de la
sentencia definitiva, decretará que sea tenida en cuenta cuando se
defina la causa principal.
C1590 P1 Si la cuestión incidental debe dirimirse mediante sentencia,
han de observarse las normas sobre el proceso contencioso oral, salvo
que el juez estime otra cosa teniendo en cuenta la gravedad del asunto.
P2 Pero si debe resolverse por decreto, el tribunal puede encomendar la
cuestión a un auditor o al presidente.
C1591 Antes de terminar la causa principal, por una razón justa, el juez
o el tribunal pueden revocar o reformar el decreto o la sentencia
interlocutoria, tanto a instancia de parte como de oficio, después de
oír a las partes.
CAPITULO I
De la no comparecencia de las partes
C1592 P1 Si el demandado no comparece cuando se le cita ni da una excusa
razonable de su ausencia, ni responde a tenor del can. 1507 P1, el juez
ha de declararlo ausente del juicio y mandar que la causa, observando lo
que está mandado, prosiga hasta la sentencia definitiva y su ejecución.
P2 Antes de dar el decreto de que trata el P1, debe constar, reiterando,
si es necesario, la citación, que la legítimamente hecha llegó al
demandado en tiempo útil.
C1593 P1 Si el demandado comparece después en el juicio o responde antes
de la definición de la causa, puede aducir conclusiones y pruebas,
quedando en pie lo que prescribe el can. 1600; pero ha de procurar el
juez que no se prolongue intencionalmente el juicio con largas e
innecesarias demoras.
P2 Aunque no hubiera comparecido o respondido antes de la definición de
la causa, puede impugnar la sentencia; y puede entablar querella de
nulidad, si prueba que no compareció por legítimo impedimento, que, sin
culpa por su parte, no le fue posible demostrar antes.
C1594 Si en el día y hora señalados para la litiscontestación no
comparece el actor ni aduce una excusa adecuada:
1º. el juez lo citará de nuevo;
2º. si el actor no obedece a esta nueva citación, se presume que
renuncia a la instancia, según los cann. 1524–1525.
3º. si más tarde desea intervenir en el proceso, cúmplase lo establecido
en el can. 1593.
C1595 P1 La parte ausente del juicio, sea el actor o el demandado, que
no demuestre tener un justo impedimento, debe pagar las costas
judiciales que se hayan ocasionado por su ausencia y, si es necesario,
indemnizar también a la otra parte.
P2 Si no comparecen ni el actor ni el demandado, tienen obligación
solidaria de pagar las costas judiciales.
CAPITULO II
De la intervención de un tercero en la causa
C1596 P1 Quien tuviere interés en la causa puede ser admitido a
intervenir en cualquier instancia del litigio, tanto como parte que
defiende su propio derecho como, accesoriamente, para ayudar a uno de
los litigantes.
P2 Pero, para ser admitido, debe presentar al juez, antes de la
conclusión de la causa, un escrito en el que exponga brevemente cuál es
su derecho a intervenir.
P3 Quien interviene en la causa ha de ser admitido en el estado en que
ésta se encuentra, señalándole un plazo breve y perentorio para
presentar sus pruebas, si la causa hubiera llegado ya al período
probatorio.
C1597 Oídas las partes, el juez debe llamar al juicio a un tercero, cuya
intervención considere necesaria.
P A R T E II
DEL JUICIO CONTENCIOSO
S E C C I O N I
DEL JUICIO CONTENCIOSO ORDINARIO
T I T U L O I
De la introducción de la causa
CAPITULO I
Del escrito de demanda
C1501 El juez no puede juzgar causa alguna, si el interesado o el
promotor de justicia no han formulado una petición a tenor de los
cánones.
C1502 Quien desea demandar a alguien, debe presentar un escrito al juez
competente, en el que se indique el objeto de la controversia y se pida
el ministerio del juez.
C1503 P1 El juez puede admitir una petición oral, cuando el actor tenga
un impedimento para presentarla por escrito, o si se trata de una causa
de fácil investigación y de poca importancia.
P2 Sin embargo, en ambos casos el juez mandará al notario que levante
acta, que ha de ser leída al actor y aprobada por éste, y que sustituye
al escrito del actor a todos los efectos jurídicos.
C1504 El escrito de demanda debe:
1º. especificar ante qué juez se introduce la causa, qué se pide y
contra quién;
2º. indicar en qué derecho se funda el actor y, al menos de modo
general, en qué hechos y pruebas se apoya para demostrar lo que afirma;
3º. estar firmado por el actor o por su procurador, con indicación del
día, mes y año, así como también del lugar donde habitan o dijeren tener
su residencia a efectos de recibir documentos;
4º. indicar el domicilio o cuasidomicilio del demandado.
C1505 P1 El juez único o el presidente del tribunal colegial, tras
comprobar que el asunto es de su competencia y que el actor tiene
capacidad legal para actuar en juicio, debe admitir o rechazar cuanto
antes el escrito de demanda, mediante decreto.
P2 Unicamente puede rechazarse el escrito de demanda:
1º. si el juez o tribunal son incompetentes;
2º. si consta con certeza que el actor carece de capacidad procesal;
3º. si no se ha cumplido lo que manda el can. 1504, nn. 1–3;
4º. si del mismo escrito de demanda se deduce con certeza que la
petición carece de todo fundamento y que no cabe esperar que del proceso
aparezca fundamento alguno.
P3 Si el escrito ha sido rechazado por defectos que es posible subsanar,
el actor puede presentar ante el mismo juez uno nuevo correctamente
redactado.
P4 En el plazo útil de diez días, la parte puede interponer recurso
motivado contra el rechazo del escrito ante el tribunal de apelación, o
ante el colegio si fue rechazado por el presidente; y la cuestión sobre
el rechazo ha de decidirse con la mayor rapidez.
C1506 Si, en el plazo de un mes desde que se presentó el escrito de
demanda, el juez no emite decreto admitiéndolo o rechazándolo de acuerdo
con el can. 1505, la parte interesada puede instar al juez a que cumpla
su obligación; y si, a pesar de todo, el juez guarda silencio, pasados
inútilmente diez días desde la presentación de la instancia, el escrito
de demanda se considera admitido.
CAPITULO II
De la citación y notificación de los actos judiciales
C1507 P1 En el decreto por el que se admite el escrito de demanda del
actor, el juez o el presidente debe llamar a juicio o citar a las demás
partes, para la contestación de la demanda, determinando si deben
responder por escrito o comparecer ante él para concordar las dudas. Y
si, ante las respuestas escritas, deduce la necesidad de convocar a las
partes, puede mandarlo así mediante un nuevo decreto.
P2 Si la demanda se considera admitida a tenor del can. 1506, el decreto
de citación a juicio debe darse dentro del plazo de veinte días desde
que se presentó la instancia mencionada en ese canon.
P3 Cuando los litigantes comparecen de hecho ante el juez para tratar de
la causa, no es necesaria la citación; pero el actuario debe hacer
constar en las actas que las partes estaban presentes.
C1508 P1 El decreto de citación judicial debe notificarse en seguida al
demandado, y al mismo tiempo a aquellos otros que deban comparecer.
P2 Debe unirse a la citación el escrito de demanda, a no ser que, por
motivos graves, el juez considere que éste no debe darse a conocer a la
parte antes de que declare en el juicio.
P3 Si se demanda a quien no tiene el libre ejercicio de sus derechos o
la libre administración de las cosas sobre las que se litiga, la
citación se ha de hacer, según los casos, al tutor, curador, procurador
especial o a aquel que, según el derecho, está obligado a asumir en su
nombre el juicio.
C1509 P1 La notificación de las citaciones, decretos, sentencias y otros
actos judiciales ha de hacerse por medio del servicio público de correos
o por otro procedimiento muy seguro, observando las normas establecidas
por ley particular.
P2 Debe constar en las actas la notificación y el modo en que se ha
hecho.
C1510 El demandado que rehúse recibir la cédula de citación, o que
impida que ésta llegue a sus manos, ha de tenerse por legítimamente
citado.
C1511 Si la citación no fuera legítimamente notificada, son nulos los
actos del proceso, salvo lo que prescribe el can. 1507 P3.
C1512 Una vez que haya sido notificada legítimamente la citación o que
las partes hayan comparecido ante el juez para tratar la causa: 1º. la
cosa deja de estar íntegra; 2º. la causa se hace propia de aquel juez o
del tribunal ante el cual se ha entablado la acción, con tal de que sean
competentes; 3º. se consolida la jurisdición del juez delegado, de tal
manera que no se extingue al cesar el derecho del que delegó; 4º. se
interrumpe la prescripción, si no se ha establecido otra cosa; 5º.
comienza la litispendia, y, por tanto, se aplica inmediatamente el
principio "mientras está pendiente el litigio, nada debe innovarse".
T I T U L O II
De la contestación de la demanda
C1513 P1 Se da la litiscontestación cuando, por decreto del juez, quedan
fijados los límites de la controversia, tomados de las peticiones y
respuestas de las partes.
P2 Las peticiones y respuestas de las partes pueden hacerse no sólo en
el escrito de demanda, sino también en la respuesta a la citación o en
las declaraciones orales hechas ante el juez; pero, en las causas más
difíciles, las partes han de ser convocadas por el juez, para concordar
la duda o las dudas a las que se ha de dar respuesta en la sentencia.
P3 Se ha de notificar a las partes el decreto del juez; y, si no están
de acuerdo, pueden recurrir en el plazo de diez días, para que lo
modifique, ante el mismo juez, el cual debe decidir la cuestión por
decreto con toda rapidez.
C1514 Los términos de la controversia, una vez definidos, no pueden
modificarse válidamente, si no es mediante nuevo decreto, por causa
grave, a instancia de parte y habiendo oído a las restantes, cuyas
razones han de ser debidamente ponderadas.
C1515 La litiscontestación interrumpe la buena fe del poseedor de cosa
ajena; por tanto, si se le condena a la restitución, debe devolver
asimismo los frutos y resarcir los daños producidos desde aquel momento.
C1516 Después de la litiscontestación, el juez fijará a las partes un
tiempo conveniente, para que puedan proponer y realizar las pruebas.
T I T U L O III
De la instancia judicial
C1517 La instancia comienza por la citación; concluye no sólo por la
sentencia definitiva, sino también de otros modos establecidos por el
derecho.
C1518 Cuando un litigante muere, o cambia de estado, o cesa en el oficio
por razón del cual actúa:
1º. si la causa aún no hubiera concluido, la instancia se suspende hasta
que la reanude el heredero del difunto o su sucesor o el legítimamente
interesado;
2º. si estuviera concluida la causa, el juez debe proseguirla, citando
al procurador; y si no lo hay, al heredero del difunto o su sucesor.
C1519 P1 Si cesan en su cargo el tutor o curador o el procurador
requerido por el can. 1481, PP 1 y 3, la instancia queda entretanto
suspendida.
P2 El juez debe designar cuanto antes otro tutor o curador; y puede
también constituir un procurador para la causa, si la parte no lo hace
dentro del breve plazo que determinará el mismo juez.
C1520 La instancia caduca cuando, sin que exista un impedimento, las
partes no realizan ningún acto procesal durante seis meses. Por ley
particular pueden establecerse otros plazos de caducidad.
C1521 La caducidad tiene lugar ipso iure y frente a todos, incluso
frente a los menores y a los equiparados a ellos, y debe asimismo
declararse de oficio, quedando a salvo el derecho a pedir indemnización
a los tutores, curadores, administradores o procuradores que no prueben
estar libres de culpa.
C1522 La caducidad extingue las actas del proceso, pero no las de la
causa; más aún, éstas pueden tener eficacia también en otra instancia,
con tal de que el litigio tenga lugar entre las mismas personas y sobre
el mismo objeto; pero, en relación a los extraños, sólo tienen el valor
de documentos.
C1523 Si el juicio caduca, cada uno de los litigantes habrá de hacerse
cargo de los gastos que haya realizado.
C1524 P1 El actor puede renunciar a la instancia en cualquier estado y
grado del juicio; asimismo, tanto el actor como el demandado pueden
renunciar a los actos del proceso, ya sea a todos, ya sólo a alguno de
ellos.
P2 Para poder renunciar a la instancia, los tutores y administradores de
las personas jurídicas necesitan el consejo o el consentimiento de
aquellos cuyo concurso es necesario para realizar actos que sobrepasan
los límites de la administración ordinaria.
P3 Para que la renuncia sea válida, ha de hacerse por escrito, que
firmará la parte misma, o su procurador dotado de mandato especial; debe
notificarse a la otra parte, y ser aceptada, o al menos no impugnada por
ésta, y admitida por el juez.
C1525 La renuncia admitida por el juez produce sobre los actos
renunciados los mismos efectos que la caducidad de la instancia; y
además obliga al renunciante a correr con las costas de los actos a los
que haya renunciado.
T I T U L O VI
De la publicación de las actas y de la conclusión y discusión de la
causa
C1598 P1 Una vez recibidas las pruebas, el juez, mediante decreto, debe
permitir, bajo pena de nulidad, que las partes y sus abogados examinen
en la cancillería del tribunal las actas que aún no conocen; e incluso
se puede entregar copia de las actas a los abogados que la pidan; no
obstante, en las causas que afectan al bien público, el juez, para
evitar peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea
manifestado a nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el
derecho de defensa.
P2 Para completar las pruebas, las partes pueden presentar otras al
juez; y, después de recibir éstas, si el juez lo considera necesario, ha
de dictarse nuevamente le decreto al que hace referencia el P1.
C1599 P1 Una vez terminado todo lo que se refiere a la presentación de
las pruebas, se llega a la conclusión de la causa.
P2 Esta conclusión tiene lugar cuando las partes declaran que no tienen
más que aducir, o ha transcurrido el plazo útil establecido por el juez
para presentar las pruebas, o el juez manifiesta que la causa está
suficientemente instruida.
P3 El juez dictará el decreto de conclusión de la causa, cualquiera que
sea el modo en el que ésta se ha producido.
C1600 P1 Después de la conclusión de la causa, el juez puede llamar a
los mismos o a otros testigos, o mandar que se practiquen pruebas no
pedidas con anterioridad, solamente:
1º. en las causas en las que se trate sólo del bien particular de las
partes, si todas ellas están de acuerdo;
2º. en las demás causas, después de oír a las partes y con tal de que
haya una razón grave y se evite todo peligro de fraude o de soborno;
3º. en todas las causas, cuando es verosímil que, de no admitirse una
nueva prueba, la sentencia habrá de ser injusta, por las razones
expuestas en el can. 1645, P2, nn. 1– 3.
P2 El juez puede sin embargo mandar o permitir que se presente un
documento, que quizá antes no pudo presentarse sin culpa del interesado.
P3 Las nuevas pruebas han de publicarse, cumpliendo el can 1598, P1.
C1601 Una vez realizada la conclusión de la causa, el juez establecerá
un plazo conveniente para que se presenten las defensas o alegatos.
C1602 P1 Las defensas y alegatos han de hacerse por escrito, a no ser
que el juez, con el consentimiento de las partes, considere suficiente
la discusión ante el tribunal en sesión.
P2 Es necesario el permiso previo del juez para imprimir las defensas
junto con los documentos principales, quedando a salvo la obligación de
guardar secreto si existiera esa obligación.
P3 En lo que se refiere a la extensión de las defensas, número de
ejemplares y otras circunstancias semejantes se observará el reglamento
del tribunal.
C1603 P1 Una vez intercambiadas por las partes las defensas y alegatos,
ambas pueden presentar réplicas, dentro de un plazo breve determinado
por el juez.
P2 Este derecho compete a las partes una sola vez, a no ser que, por
causa grave, el juez estime que debe concederlo otra vez; y, en ese
caso, la concesión hecha a una parte se entiende también, otorgada a la
otra.
P3 El promotor de justicia y el defensor del vínculo tienen derecho a
replicar de nuevo a las respuestas de las partes.
C1604 P1 Está terminantemente prohibido que las partes, los abogados u
otras personas transmitan al juez informaciones que queden fuera de las
actas de la causa.
P2 Si la discusión de la causa se ha hecho por escrito, el juez puede
ordenar que se tenga un moderado debate oral ante el tribunal, con el
fin de aclarar algunas cuestiones.
C1605 Al debate oral de que tratan los cann. 1602, P1 y 1604, P2, debe
asistir un notario, para levantar inmediatamente acta de los asuntos
discutidos y de las conclusiones, siempre que el juez lo mande o lo
consienta a petición de parte.
C1606 Si las partes descuidan la presentación de la defensa dentro del
plazo útil, o si se remiten a la ciencia y conciencia del juez, éste
puede inmediatamente dictar sentencia, si por lo alegado y probado tiene
pleno conocimiento de la cuestión, después de requerir las observaciones
del promotor de justicia y del defensor del vínculo, si intervienen en
el juicio.
T I T U L O VII
De los pronunciamientos del juez
C1607 Una causa tratada judicialmente, si es principal, se decide por el
juez mediante sentencia definitiva; si es incidental, mediante sentencia
interlocutoria, sin perjuicio de lo que establece el can. 1589, P1.
C1608 P1 Para dictar cualquier sentencia, se requiere en el ánimo del
juez certeza moral sobre el asunto que debe dirimir.
P2 el juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y probado.
P3 El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, respetando las
normas sobre la eficacia de ciertas pruebas.
P4 Si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no
consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser que
se trate de una causa que goza del favor del derecho, en cuyo caso debe
pronunciarse en pro de ésta.
C1609 P1 Cuando el tribunal es colegial, el presidente establecerá el
día y hora en que los jueces deben reunirse para deliberar; y, salvo que
una causa especial aconseje otra cosa, la reunión se tendrá en la misma
sede del tribunal.
P2 El día señalado, cada juez presentará sus conclusiones escritas sobre
el objeto del litigio, con las razones en que se apoyan, tanto de
derecho como de hecho; y esas conclusiones, que deben guardarse bajo
secreto, se añadirán a las actas de la causa.
P3 Después de invocar el Nombre de Dios, leídas por orden de precedencia
las conclusiones de cada uno, pero de modo que siempre comience por el
ponente o relator de la causa, téngase una discusión, bajo la dirección
del presidente del tribunal, sobre todo para determinar qué debe
establecerse en la parte dispositiva de la sentencia.
P4 En la discusión, cualquier juez puede modificar su anterior
conclusión.
Pero el juez que no quiera sumarse a la decisión de los demás, puede
exigir que, si hubiera apelación, se transmitan sus conclusiones al
tribunal superior.
P5 Si los jueces no quieren o no pueden dictar sentencia en la primera
discusión, pueden diferirse la decisión hasta una nueva reunión, pero no
por más de una semana, a no ser que haya de completarse la instrucción
de la causa a tenor del can. 1600.
C1610 P1 Si el juez es único, redactará él mismo la sentencia.
P2 En el tribunal colegial, corresponde al ponente o relator redactar la
sentencia, tomando los motivos de entre aquellos que los jueces
expusieron en la discusión, a no ser que la mayoría de los jueces
determine expresamente los motivos que han de preferirse; la sentencia
debe someterse después a la aprobación de cada uno de ellos.
P3 La sentencia debe darse antes de un mes a partir del día en que se
definió la causa, a no ser que, por una razón grave, los jueces de un
tribunal colegial establezcan un plazo más largo.
C1611 La sentencia debe:
1º. dirimir la controversia discutida ante el tribunal, dando a cada
duda la respuesta conveniente;
2º. determinar cuáles son las obligaciones de las partes derivadas del
juicio, y cómo han de cumplirse;
3º. exponer las razones o motivos, tanto de derecho como de hecho, en
los que se funda la parte dispositiva de la sentencia;
4º. determinar lo referente a las costas del litigio.
C1612 P1 Después de invocar el Nombre de Dios, la sentencia debe
exponer, por orden, quién es el juez o el tribunal; quiénes son el
actor, el demandado y el procurador, indicando sus nombres y domicilios;
así como el promotor de justicia y el defensor del vínculo, si tomaron
parte en el juicio.
P2 Después debe exponer brevemente el hecho del que se trata, las
conclusiones de las partes y la fórmula de las dudas.
P3 A continuación seguirá la parte dispositiva de la sentencia,
precedida de las razones en que se fundamenta.
P4 Se concluye con la indicación del día y del lugar en que se ha
dictado, con la firma del juez o de todos los jueces, si el tribunal es
colegial, y del notario.
C1613 Las reglas arriba expuestas sobre la sentencia definitiva han de
acomodarse también a la sentencia interlocutoria.
C1614 La sentencia debe publicarse cuanto antes, indicando de qué modos
puede impugnarse; y no produce efecto alguno antes de su publicación,
aun cuando la parte dispositiva se haya notificado a las partes, con
permiso del juez.
C1615 La publicación o intimación de la sentencia puede hacerse bien
entregando una copia de la misma a las partes o a sus procuradores, bien
remitiéndosela de acuerdo con el can. 1509.
C1616 P1 Si en el texto de la sentencia hubiera un error de cálculo, o
se hubiera deslizado un error material en la transcripción de la parte
dispositiva o en la exposición de los hechos o de las peticiones de las
partes, o faltasen los requisitos del can. 1612, P4, la sentencia debe
ser corregida o completada, a instancia de parte o de oficio, por el
mismo tribunal que la dictó, pero siempre oídas las partes y añadiendo
un decreto al pie de la sentencia.
P2 Si se opone alguna de las partes, la cuestión incidental se decidirá
por decreto.
C1617 Fuera de la sentencia, los demás pronunciamientos del juez son
decretos, los cuales, salvo que sean de mero trámite, carecen de toda
eficacia si en ellos no se hacen constar, al menos de modo sumario, los
motivos, o no remiten a motivos expresados ya en otro acto.
C1618 La sentencia interlocutoria o el decreto tienen fuerza de
sentencia definitiva si impiden o ponen fin al juicio o a una instancia
del mismo, al menos por lo que se refiere a una de las partes en causa.
T I T U L O VIII
De la impugnación de la sentencia
CAPITULO I
De la querella de nulidad contra la sentencia
C1619 Siempre que se trate de una causa que se refiera al bien de las
personas privadas, quedan sanadas por la sentencia las nulidades de los
actos establecidas por el derecho positivo que, siendo conocidas por la
parte que propone la querella, no hayan sido denunciadas al juez antes
de la sentencia, quedando en pie lo que prescriben los cann. 1622 y
1623.
C1620 La sentencia adolece de vicio de nulidad insanable si:
1º. fue dictada por un juez absolutamente incompetente;
2º. fue dictada por quien carece de potestad de juzgar en el tribunal
ante el cual se ha tratado la causa;
3º. el juez emitió sentencia coaccionado por violencia o miedo grave;
4º. el juicio se ha realizado sin la petición judicial de la que se
trata en el can. 1501, o no se entabló contra algún demandado;
5º. se dio entre partes de las cuales una al menos no tiene capacidad de
actuar en juicio;
6º. alguien actuó en nombre de otro sin mandato legítimo;
7º. fue denegado a una de las dos partes el derecho de defensa;
8º. no dirimió la controversia, ni siquiera parcialmente.
C1621 La querella de nulidad a la que se refiere el can. 1620 puede
proponerse perpetuamente como excepción; y como acción, en el plazo de
diez años, desde la fecha de la sentencia, ante el juez que la dictó.
C1622 La sentencia adolece de vicio de nulidad sanable, exclusivamente
si:
1º. ha sido dada por un número no legítimo de jueces, contra lo que
prescribe el can. 1425, P1;
2º. no contiene los motivos o razones de la decisión;
3º. carece de las firmas prescritas por el derecho;
4º. no lleva indicación del año, mes, día y lugar en que fue dictada;
5º. se basa en un acto judicial afectado de una nulidad que no haya
quedado subsanada a tenor del can. 1619;
6º. fue dada contra una parte legítimamente ausente, de acuerdo con el
can. 1593, P2.
C1623 En los casos a que se refiere el can. 1622, la querella de nulidad
puede proponerse en el plazo de tres meses desde que se tuvo
conocimiento de la publicación de la sentencia.
C1624 Examina la querella de nulidad el mismo juez que dictó la
sentencia; pero si la parte teme que dicho juez tenga prejuicios y, por
tanto, lo considera sospechoso, puede exigir que sea sustituido por otro
juez, de acuerdo con el can. 1450.
C1625 La querella de nulidad puede proponerse junto con la apelación,
dentro del plazo establecido para ésta.
C1626 P1 Pueden interponer querella de nulidad no sólo las partes que se
consideren perjudicadas, sino también el promotor de justicia o el
defensor del vínculo, cuando éstos tienen derecho a intervenir.
P2 El mismo juez puede revocar o enmendar de oficio la sentencia nula
que dictó, dentro del plazo determinado en el can. 1623, a no ser que,
entretanto, se haya interpuesto apelación junto con la querella de
nulidad, o que la nulidad haya quedado subsanada por caducidad del plazo
indicado en el can. 1623.
C1627 Las causas sobre querella de nulidad pueden tratarse según las
normas del proceso contencioso oral.
CAPITULO II
De la apelación
C1628 La parte que se considera perjudicada por una sentencia, así como
el promotor de justicia y el defensor del vínculo en las causas que
requieren su presencia, tienen derecho a apelar al juez superior contra
la sentencia, quedando a salvo lo que prescribe el can. 1629.
C1629 No cabe apelación:
1º. contra la sentencia del mismo Sumo Pontífice o de la Signatura
Apostólica;
2º. contra la sentencia que adolece de vicio de nulidad, a no ser que la
apelación se acumule con la querella de nulidad, de acuerdo con el
can.1625;
3º. contra la sentencia que ha pasado a cosa juzgada;
4º. contra el decreto del juez o sentencia interlocutoria que no tengan
fuerza de sentencia definitiva, a no ser que se acumule con la apelación
contra la sentencia definitiva;
5º. contra la sentencia o decreto en una causa que según el derecho debe
dirimirse con la mayor rapidez posible.
C1630 P1 La apelación debe interponerse ante el juez que dictó la
sentencia, dentro del plazo perentorio de quince días útiles desde que
se tuvo conocimiento de la publicación de la sentencia.
P2 Si se interpone oralmente, el notario la redactará por escrito en
presencia del apelante.
C1631 Si surge una cuestión sobre el derecho de apelación, ha de
dirimirla con la mayor rapidez posible el tribunal de apelación, según
las normas sobre el proceso contencioso oral.
C1632 P1 Si en la apelación no se indica a qué tribunal se dirige, se
presume hecha al tribunal de que tratan los cann. 1438 y 1439.
P2 Si otra de las partes apela a una tribunal distinto, resuelve la
causa el tribunal que tenga grado superior, quedando a salvo lo que
prescribe el can. 1415.
C1633 La apelación ha de proseguirse ante el juez ad quem en el plazo de
un mes desde que se interpuso, a no ser que el juez a quo hubiera
otorgado a la parte un plazo más largo para proseguirla.
C1634 P1 Para proseguir la apelación se requiere y basta que la parte
invoque la intervención del juez superior para corregir la sentencia
impugnada, acompañando copia de la misma e indicando las razones por las
que apela.
P2 Pero si la parte no puede obtener del tribunal a quo una copia de la
sentencia impugnada en tiempo útil, los plazos entretanto no corren, y
dicho impedimento se ha de notificar al juez de apelación, que debe
mandar mediante precepto al juez a quo que cumpla cuanto antes su
obligación.
P3 Entretanto, el juez a quo debe remitir las actas al juez de
apelación, de acuerdo con el can. 1474.
C1635 Transcurridos inútilmente los plazos fatales de apelación ante los
jueces a quo o ad quem, la apelación se considera desierta.
C1636 P1 El que ha apelado puede renunciar a la apelación, con los
efectos que se especifican en el can. 1525.
P2 Si la apelación ha sido interpuesta por el defensor del vínculo o por
el promotor de justicia, puede procederse a la renuncia, si la ley no
establece otra cosa, por el defensor del vínculo o el promotor de
justicia del tribunal de apelación.
C1637 P1 La apelación del actor aprovecha también al demandado, y
viceversa.
P2 Si son varios los demandados o los actores y sólo por uno o contra
uno de ellos se impugna la sentencia, se considera que la impugnación ha
sido interpuesta por todos y contra todos, siempre que la cosa pedida
sea indivisible o se trate de una obligación solidaria.
P3 Si una parte apela sobre algún capítulo de la sentencia, la parte
contraria, aunque hubiera transcurrido el plazo fatal para apelar, puede
hacerlo incidentalmente sobre otros capítulos de la sentencia, dentro
del plazo perentorio de quince días desde que se le notificó la
apelación principal.
P4 A no ser que conste otra cosa, la apelación se presume hecha contra
todos los capítulos se la sentencia.
C1638 La apelación suspende la ejecución de la sentencia.
C1639 P1 Salvo lo dispuesto por el can. 1683, en grado de apelación no
puede admitirse un nuevo motivo de demanda, ni siquiera a título de
acumulación útil; por lo tanto, la litiscontestación sólo puede tratar
de si la sentencia anterior se confirma o bien se reforma en todo o en
parte.
P2 Unicamente se admiten nuevas pruebas de acuerdo con el can. 1600.
C1640 En grado de apelación debe procederse, con las debidas
adaptaciones, del mismo modo que en primera instancia; pero, a no ser
que deban completarse las pruebas, inmediatamente después de la
litiscontestación, hecha de acuerdo con los cann. 1513, P1 y 1639, P1,
se debe pasar a la discusión de la causa y a la sentencia.
T I T U L O IX
De la cosa juzgada y de la restitución "in integrum"
CAPITULO I
De la cosa juzgada
C1641 Quedando a salvo lo que prescribe el can. 1643, se produce la cosa
juzgada:
1º. si hay dos sentencias conformes entre los mismos litigantes, sobre
la misma petición hecha por los mismos motivos;
2º. si no se hubiera interpuesto apelación contra la sentencia dentro
del plazo útil;
3º. si, en grado de apelación, hubiera caducado la instancia o se
hubiera renunciado a ella;
4º. si se dictó sentencia definitiva, contra la cual no cabe apelación,
de acuerdo con el can. 1629.
C1642 P1 La cosa juzgada goza de la firmeza del derecho, y no puede
impugnarse directamente, si no es de acuerdo con el can. 1645, P1.
P2 La misma hace ley entre las partes y da lugar a acción y a excepción
de cosa juzgada, que puede también el juez declarar de oficio, para
impedir que vuelva a introducirse la misma causa.
C1643 Nunca pasan a cosa juzgada las causas sobre el estado de las
personas, incluso las de separación de los cónyuges.
C1644 P1 Si se pronuncian dos sentencias conformes en una causa acerca
del estado de las personas, puede recurrirse en cualquier momento al
tribunal de apelación, aduciendo nuevas y graves pruebas o razones
dentro del plazo perentorio de treinta días desde que se propuso la
impugnación. Y, dentro de un mes a partir de la presentación de las
nuevas pruebas y razones, el tribunal de apelación debe decidir mediante
decreto si admite o no la nueva proposición de la causa.
P2 La petición al tribunal superior para obtener una nueva proposición
de la causa no suspende la ejecución de la sentencia, a no ser que la
ley establezca otra cosa o el tribunal de apelación mande que se
suspenda de acuerdo con el can. 1650, P3.
CAPITULO II
De la restitución "in integrum"
C1645 P1 Contra la sentencia que haya pasado a cosa juzgada cabe la
restitución in integrum, con tal de que conste manifiestamente su
injusticia.
P2 Sólo se considera manifiesta la injusticia:
1º. si la sentencia de tal manera se basa en pruebas que posteriormente
se ha descubierto ser falsas, que sin tales pruebas la parte dispositiva
de la sentencia resulte insostenible;
2º. si se descubren posteriormente documentos que prueban sin lugar a
duda hechos nuevos que exigen una decisión contraria;
3º. si la sentencia ha sido originada por el dolo de una parte y en daño
de la otra;
4º. si es evidente que se ha menospreciado la prescripción de una ley no
meramente procesal;
5º. si la sentencia contradice una decisión precedente que haya pasado a
cosa juzgada.
C1646 P1 La restitución in integrum por los motivos indicados en el can.
1645, P2, nn. 1–3 debe pedirse al juez que dictó la sentencia dentro del
plazo de tres meses, a partir del día en que se tuvo conocimientos de
esos motivo.
P2 La restitución in integrum por los motivos indicados en el can. 1645,
P2,nn. 4 y 5, debe pedirse al tribunal de apelación en el plazo de tres
meses desde que se tuvo noticia de la publicación de la sentencia; pero
en el supuesto del can. 1645, P2, n. 5, si se llegó al conocimiento de
la decisión precedente más tarde, el plazo comienza a transcurrir a
partir de entonces.
P3 Los plazos arriba establecidos no comienzan a computarse mientras el
perjudicado sea menor de edad.
C1647 P1 La petición de restitución in integrum suspende la ejecución de
la sentencia si aún no ha comenzado a realizarse.
P2 Sin embargo, cuando por indicios probables se sospecha que la
petición se ha hecho para demorar la ejecución, el juez puede mandar que
se ejecute la sentencia, dando las oportunas garantías al peticionario
para el caso de que se le conceda la restitución in integrum.
C1648 Una vez concedida la restitución in integrum, el juez debe
pronunciarse sobre la sustancia de la causa.
T I T U L O X
De las costas judiciales y del patrocinio gratuito
C1649 P1 El Obispo, a quien competa moderar el tribunal, ha de dictar
normas acerca de:
1º. la condena de las partes al pago o compensación de las costas
judiciales;
2º. los honorarios de los procuradores, abogados, peritos e intérpretes,
así como la indemnización de testigos;
3º. la concesión del patrocinio gratuito o de la reducción de costas;
4º. el resarcimiento de daños que debe aquel que no sólo perdió el
pleito, sino que litigó temerariamente;
5º. el depósito de dinero o garantía que se ha de prestar sobre el pago
de costas y el resarcimiento de daños.
P2 Contra el pronunciamiento sobre las costas, honorarios y
resarcimiento de daños no se da apelación por separado, pero la parte
puede recurrir en el plazo de quince días ante el mismo juez, quien
podrá modificar la tasación.
T I T U L O XI
De la ejecución de la sentencia
C1650 P1 Puede ejecutarse una sentencia que haya pasado a cosa juzgada,
salvo lo previsto en el can. 1647.
P2 El juez que dictó la sentencia, y también el juez de apelación, en su
caso, pueden ordenar de oficio o a instancia de parte la ejecución
provisional de una sentencia que aún no haya pasado a cosa juzgada,
cuando se trate de provisiones o prestaciones ordenadas al necesario
sustento, o cuando surja otra causa justa, estableciendo las oportunas
garantías, si es preciso.
P3 Cuando se impugne la sentencia de que se trata en el P2, si el juez
que debe decidir sobre la impugnación ve que ésta tiene fundamento
probable y que de la ejecución puede seguirse un daño irreparable, podrá
suspender la ejecución o supeditarla a la prestación de garantía.
C1651 No puede procederse a la ejecución antes de obtener el decreto
ejecutorio del juez, por el que manda que la sentencia se ejecute; y,
según sea la naturaleza de la causa, ese decreto puede incluirse en la
misma sentencia o darse por separado.
C1652 Si la ejecución de la sentencia exige previa rendición de cuentas,
se plantea una cuestión incidental, que debe decidir el mismo juez que
dictó la sentencia de cuya ejecución se trata.
C1653 P1 A no ser que la ley particular establezca otra cosa, el Obispo
de la diócesis en la que se dictó la sentencia en primer grado, debe
mandarla ejecutar personalmente o por medio de otro.
P2 Si éste se niega o es negligente, la ejecución, a instancia de la
parte interesada o también de oficio, corresponde a la autoridad a la
cual, según el can. 1439 P3, está sometido el tribunal de apelación.
P3 Entre religiosos, la ejecución de la sentencia corresponde al
Superior que la dictó o que nombró juez delegado.
C1654 P1 El ejecutor debe ejecutar la sentencia de acuerdo con el
sentido obvio de sus palabras, a no ser que en la sentencia misma se
hubiera dejado algo a su arbitrio.
P2 Puede el ejecutor decidir sobre las excepciones acerca del modo y
eficacia de la ejecución, pero no acerca de la sustancia de la causa;
pero si le consta por otra parte que la sentencia es nula o
manifiestamente injusta, de acuerdo con los cann. 1620, 1622, 1645, debe
abstenerse de ejecutarla y remitir el asunto al tribunal que dictó la
sentencia, notificándolo a las partes.
C1655 P1 Por lo que se refiere a las acciones reales, cuando se ha
adjudicado alguna cosa al actor, le será entregada tan pronto se
produzca la cosa juzgada.
P2 Pero en lo que respecta a las acciones personales, cuando el
demandado ha sido condenado a entregar una cosa mueble, o a pagar una
cantidad de dinero, o a dar o hacer otra cosa, el juez en la misma
sentencia o el ejecutor según su arbitrio, y prudencia determinarán un
plazo para cumplir la obligación, no inferior a quince días ni superior
a seis meses.
S E C C I O N II
DEL PROCESO CONTENCIOSO ORAL
C1656 P1 Por el proceso contencioso oral que se regula en esta sección,
pueden tratarse todas las causas no excluidas por el derecho, salvo que
una de las partes pida que se siga el proceso contencioso ordinario.
P2 Son nulos los actos judiciales si se emplea el proceso oral fuera de
los casos permitidos por el derecho.
C1657 el proceso contencioso oral se hace en primer grado ante un juez
único, de acuerdo con el can. 1424.
C1658 P1 Además de lo indicado en el can. 1504, el escrito de demanda
debe:
1º. exponer de forma breve, completa y clara los hechos en los que se
fundan las peticiones del actor;
2º. indicar las pruebas por las que el actor pretende demostrar los
hechos y que no puede aportar con la demanda, de manera que el juez
pueda recabarlas inmediatamente.
P2 A la demanda se deben añadir, al menos en copia auténtica, los
documentos en que se basa la petición.
C1659 P1 Cuando el intento de conciliación, de acuerdo con el can. 1446,
P2, resulte inútil, si el juez considera que la demanda tiene algún
fundamento, mandará en el plazo de tres días, mediante decreto
consignado al pie del escrito, que se remita copia de éste al demandado,
concediéndole facultad de enviar sus respuestas por escrito a la
cancillería del tribunal en el plazo de quince días.
P2 Esta notificación produce los efectos de la citación judicial
indicados en el can. 1512.
C1660 si lo requieren las excepciones propuestas por el demandado, el
juez señalará al actor un plazo para que responda, de manera que, a la
vista de los alegatos de ambas partes, pueda hacerse cargo del objeto de
la controversia.
C1661 P1 Transcurridos los plazos que señalan los cann. 1659, 1660, y a
la vista de las actas, el juez determinará la fórmula de la duda; y
después citará a todos los que deben asistir a la audiencia, que debe
celebrarse en un plazo no superior a treinta días, comunicando a las
partes la fórmula de la duda.
P2 En la citación adviértase a las partes que, al menos tres días antes
de la audiencia, pueden presentar al tribunal algún escrito breve para
demostrar sus afirmaciones.
C1662 En la audiencia han de tratarse en primer término las cuestiones a
que se refieren los cann. 1459–1464.
C1663 P1 Las pruebas se recogen en la audiencia, salvo lo determinado en
el can. 1418.
P2 Cada parte y su abogado pueden asistir al interrogatorio de las demás
y de los testigos y peritos.
C1664 El notario ha de recoger por escrito las respuestas de las partes,
de los testigos y de los peritos, así como las peticiones y excepciones
de los abogados, pero de modo resumido y sólo en lo pertinente a la
substancia del litigio; y esos escritos han de ser firmados por los
declarantes.
C1665 Las pruebas que no hayan sido presentadas o solicitadas en la
petición o en la respuesta, únicamente pueden ser admitidas por el juez
en conformidad con el can. 1452; pero, después de que haya sido oído
aunque sea un solo testigo, el juez únicamente puede ordenar otras
pruebas de acuerdo con el can. 1600.
C1666 Si no fuera posible recoger todas las pruebas en una audiencia, se
convocará otra audiencia.
C1667 Reunidas las pruebas, se procederá a la discusión oral en la misma
audiencia.
C1668 P1 Si de la discusión no se deduce la necesidad de una instrucción
supletoria o la existencia de otro impedimento para dictar sentencia, el
juez debe decidir la causa inmediatamente, al terminar la audiencia y a
solas; y ha de leerse en seguida la parte dispositiva de la sentencia
ante las partes presentes.
P2 Por la dificultad del asunto u otra causa justa, el tribunal puede
diferir la sentencia durante cinco días útiles.
P3 Se debe notificar cuanto antes a las partes el texto completo de la
sentencia, con expresión de los motivos, ordinariamente en un plazo no
mayor de quince días.
C1669 Si el tribunal de apelación observa que en el grado inferior se ha
empleado el proceso contencioso oral en un caso excluido por el derecho,
debe declarar la nulidad de la sentencia y devolver la causa al tribunal
que dictó esa sentencia.
C1670 En las demás cosas referentes al procedimiento, deben observarse
las normas sobre el juicio contencioso ordinario. Puede sin embargo el
tribunal, por decreto motivado, y sin detrimento de la justicia, derogar
las normas procesales cuyo cumplimiento no se requiere para la validez,
a fin de lograr mayor rapidez.
P A R T E III
DE ALGUNOS PROCESOS ESPECIALES
T I T U L O I
De los procesos matrimoniales
CAPITULO I
De las causas para declarar la nulidad del matrimonio
Art. 1
Del fuero competente
C1671 Las causas matrimoniales de los bautizados corresponden al juez
eclesiástico por derecho propio.
C1672 Las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio
pertenecen al juez civil, a no ser que el derecho particular establezca
que tales causas puedan ser tratadas y decididas por el juez
eclesiástico cuando se planteen de manera incidental y accesoria.
C1673 Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la Sede
Apostólica, son competentes:
1º. el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio;
2º. el tribunal del lugar en que el demandado tiene su domicilio o
cuasidomicilio;
3º. el tribunal del lugar en que tiene su domicilio la parte actora, con
tal de que ambas partes residan en el territorio de una misma
Conferencia Episcopal y dé su consentimiento el Vicario judicial del
domicilio de la parte demandada, habiendo oído a ésta;
4º. el tribunal del lugar en que de hecho se han de recoger la mayor
parte de las pruebas, con tal de que lo consienta el Vicario judicial
del domicilio de la parte demandada, previa consulta a ésta por si tiene
alguna objeción.
Art. 2
Del derecho a impugnar el matrimonio
C1674 Son hábiles para impugnar el matrimonio:
1º. los cónyuges;
2º. el promotor de justicia, cuando la nulidad ya se ha divulgado si no
es posible o conveniente convalidar el matrimonio.
C1675 P1 El matrimonio que no fue acusado en vida de ambos cónyuges no
puede ser impugnado tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a no
ser que la cuestión sobre su validez sea prejudicial para resolver otra
controversia, ya en el fuero canónico, ya en el civil.
P2 Si el cónyuge muere mientras está pendiente la causa, debe observarse
lo prescrito en el can. 1518.
Art. 3
Del oficio de los jueces
C1676 Antes de aceptar una causa y siempre que vea alguna esperanza de
éxito, el juez empleará medios pastorales, para inducir a los cónyuges,
si es posible, a convalidad su matrimonio y a restablecer la convivencia
conyugal.
C1677 P1 Una vez aceptada la demanda, el presidente o el ponente
procederá a notificar el decreto de citación, de acuerdo con el can.
1508.
P2 Transcurridos quince días desde la notificación, el presidente o el
ponente, a no ser que una de las partes hubiera solicitado una sesión
para la contestación de la demanda, en el plazo de diez días determinará
por decreto y de oficio la fórmula de la duda o de las dudas, y la
notificará a las partes.
P3 La fórmula de la duda no sólo debe plantear si consta la nulidad del
matrimonio en el caso del que se trata, sino también especificar por qué
capítulo o capítulos se impugna su validez.
P4 Pasados diez días desde la notificación del decreto, si las partes no
han objetado nada, el presidente o el ponente ordenará con nuevo decreto
la instrucción de la causa.
Art. 4
De las pruebas
C1678 P1 El defensor del vínculo, los abogados y también el promotor de
justicia, si interviene en el juicio, tienen derecho: 1º. a asistir al
examen de las partes, de los testigos y de los peritos, quedando a salvo
lo que prescribe el can. 1559; 2º. a conocer las actas judiciales, aun
cuando no estén publicadas, y a examinar los documentos presentados por
las partes.
P2 Las partes no pueden asistir al examen del que se trata en el P1,
n.1.
C1679 A no ser que las pruebas sean plenas por otro concepto, para
valorar las declaraciones de las partes de acuerdo con el can. 1536, el
juez ha de requerir, si es posible, testigos que declaren acerca de la
credibilidad de las partes; y usará también otros indicios y
adminículos.
C1680 En las causas sobre impotencia o falta de consentimiento por
enfermedad mental, el juez se servirá de uno o varios peritos, a no ser
que, por las circunstancias, conste con evidencia que esa pericia
resultará inútil; en las demás causas, debe observarse lo que indica en
can. 1574.
Art. 5
De la sentencia y de la apelación
C1681 Cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy probable
de que no se ha producido la consumación del matrimonio, puede el
tribunal, suspendiendo la causa de nulidad con el consentimiento de las
partes, realizar la instrucción del proceso para la dispensa del
matrimonio rato, y luego transmitir las actas a la Sede Apostólica junto
con la petición de dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno de ellos,
y con el voto del tribunal y del Obispo.
C1682 P1 La sentencia que declara por vez primera la nulidad de un
matrimonio, junto con las apelaciones, si las hay, y demás actas del
proceso, debe transmitirse de oficio al tribunal de apelación dentro del
plazo de veinte días a partir de la publicación de la sentencia.
P2 Si la sentencia en favor de la nulidad se ha dictado en primera
instancia, el tribunal de apelación, vistas las observaciones del
defensor del vínculo y, si las hay, también las de las partes, debe,
mediante decreto, o confirmar la decisión sin demora o admitir la causa
para que sea examinada con trámite ordinario en la nueva instancia.
C1683 Si en el grado de apelación se aduce un nuevo capítulo por el que
se pide la declaración de nulidad de un matrimonio, el tribunal de
apelación puede admitirlo y juzgar acerca de él como en primera
instancia.
C1684 P1 Cuando la sentencia que por vez primera declaró la nulidad de
un matrimonio ha sido confirmada en grado de apelación mediante decreto
o nueva sentencia, aquellos cuyo matrimonio ha sido declarado nulo
pueden contraer nuevas nupcias a partir del momento en el que se les ha
notificado el decreto o la nueva sentencia, a no ser que esto se prohíba
por un veto incluido en la sentencia o decreto, o establecido por el
Ordinario del lugar.
P2 Las prescripciones del can. 1644 han de observarse aunque la
sentencia que declaraba la nulidad del matrimonio hubiera sido
confirmada no con otra sentencia, sino mediante decreto.
C1685 En cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el Vicario
judicial debe notificarla al Ordinario del lugar en el que se celebró el
matrimonio. Y éste debe cuidar de que se anoten cuanto antes en el libro
de matrimonios y en el de bautismos la nulidad que se ha declarado y las
prohibiciones que quizá se hayan añadido.
Art. 6
Del proceso documental
C1686 Una vez recibida la petición hecha conforme al can. 1677, el
Vicario judicial o el juez por éste designado puede declarar mediante
sentencia la nulidad de un matrimonio, omitiendo las solemnidades del
proceso ordinario, pero citando a las partes y con intervención del
defensor del vínculo, si por un documento al que no pueda oponerse
ninguna objeción ni excepción consta con certeza la existencia de un
impedimento dirimente o el defecto de forma legítima, con tal de que
conste con igual certeza que no se concedió dispensa, o que el
procurador carece de mandato válido.
C1687 P1 Si el defensor del vínculo considera prudentemente que los
vicios señalados en el can. 1686 o la falta de dispensa no son ciertos,
debe apelar contra esta declaración al juez de segunda instancia, a
quien se han de remitir los autos advirtiéndole por escrito que se trata
de un proceso documental.
P2 La parte que se considere perjudicada conserva intacto el derecho a
apelar.
C1688 El juez de segunda instancia, con intervención del defensor del
vínculo y habiendo oído a las partes, decidirá de la manera indicada en
el can. 1686 si la sentencia debe confirmarse o más bien se debe
proceder en la causa según el trámite legal ordinario; y, en este caso,
la remitirá al tribunal de primera instancia.
Art. 7
Normas generales
C1689 En la sentencia se ha de amonestar a las partes sobre las
obligaciones morales o incluso civiles que acaso pesan sobre ellas
respecto a la otra parte y a la prole, por lo que se refiere al sustento
y a la educación.
C1690 Las causas de declaración de nulidad de matrimonio no pueden
tramitarse por el proceso contencioso oral.
C1691 En las demás cosas que se refieren al procedimiento, si no lo
impide la naturaleza del asunto, aplíquense los cánones sobre los
juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario, cumpliendo
las normas especiales para las causas acerca del estado de las personas
y para aquellas que se refieren al bien público.
CAPITULO II
De las causas de separación de los cónyuges
C1692 P1 Salvo que para un lugar determinado se haya provisto
legítimamente de otro modo, la separación personal de los cónyuges
bautizados puede decidirse por decreto del Obispo diocesano o por
sentencia del juez, de acuerdo con los cánones que siguen.
P2 Donde la decisión eclesiástica no produzca efectos civiles, o si se
prevé que la sentencia civil no será contraria al derecho divino, el
Obispo de la diócesis de residencia de los cónyuges, atendiendo a
circunstancias peculiares, podrá conceder licencia para acudir al fuero
civil.
P3 Si la causa versa también sobre los efectos meramente civiles del
matrimonio, procure el juez que, cumpliendo lo prescrito en el P2, la
causa se lleve desde el primer momento al fuero civil.
C1693 P1 Si una de las partes o el promotor de justicia no solicitan el
proceso contencioso ordinario, se seguirá el proceso contencioso oral.
P2 Si se ha seguido el proceso contencioso ordinario y haya apelación,
el tribunal de segunda instancia procederá, con las debidas
proporciones, de acuerdo con el can. 1682, P2.
C1694 Respecto a la competencia del tribunal, debe observarse lo
dispuesto por el can. 1673.
C1695 Antes de aceptar una causa y siempre que haya esperanza de éxito,
el juez debe emplear medios pastorales para que los cónyuges se
reconcilien y sean inducidos a restablecer la comunidad conyugal.
C1696 Las causas de separación de los cónyuges también afectan al bien
público y, por tanto, en ellas debe intervenir siempre el promotor de
justicia, de acuerdo con el can. 1433.
CAPITULO III
Del proceso para la dispensa del matrimonio rato y no consumado
C1697 Sólo los cónyuges, o uno de ellos aunque el otro se oponga, tienen
derecho a pedir la gracia de la dispensa del matrimonio rato y no
consumado.
C1698 P1 Unicamente la Sede Apostólica juzga sobre el hecho de la
inconsumación del matrimonio y la existencia de justa causa para
conceder la dispensa.
P2 La dispensa es concedida sólo por el Romano Pontífice.
C1699 P1 Para recibir el escrito por el que se pide la dispensa es
competente el Obispo diocesano del domicilio o cuasidomicilio del
orador, el cual, si consta que la petición tiene fundamento, debe
ordenar la instrucción del proceso.
P2 Pero si el caso que se propone plantea especiales dificultades de
orden jurídico o moral, el Obispo diocesano debe consultar a la Sede
Apostólica.
P3 Contra el decreto por el que el Obispo rechaza la petición cabe
recurso a la Sede Apostólica.
C1700 P1 Quedando en vigor lo que manda el can. 1681, el Obispo
encomendará la instrucción de esos procesos, establemente o en cada
caso, al tribunal de su diócesis o de otra diócesis, o a un sacerdote
idóneo.
P2 Pero si se formuló demanda judicial para la declaración de nulidad de
ese matrimonio, la instrucción debe encomendarse al mismo tribunal.
C1701 P1 En estos procesos debe intervenir siempre el defensor del
vínculo.
P2 No se admite abogado, pero, por la dificultad del caso, el Obispo
puede permitir que el orador o la parte demandada se sirvan de la
colaboración de un jurisperito.
C1702 En la instrucción deben ser oídos ambos cónyuges y, en la medida
de lo posible, han de observarse los cánones sobre el modo de recoger
las pruebas en el juicio contencioso ordinario y en las causas de
nulidad de matrimonio, siempre que puedan compaginarse con la índole de
estos procesos.
C1703 P1 No se publican las actas; sin embargo, si el juez considera que
por las pruebas presentadas puede surgir un obstáculo grave para la
petición del orador o para la excepción de la parte demandada, se lo
hará saber prudentemente a la parte interesada.
P2 El juez puede mostrar a la parte que lo solicite documento presentado
o un testimonio recibido y fijar un plazo para presentar conclusiones.
C1704 P1 Concluida la instrucción, el instructor transmitirá al Obispo
todas las actas con el informe oportuno, y éste expresará su voto acerca
de la verdad tanto sobre el hecho de la inconsumación como sobre la
causa justa para la dispensa y la oportunidad de que se otorgue esa
gracia.
P2 Si, de acuerdo con el can. 1700, la instrucción del proceso fue
encomendada a un tribunal ajeno, las observaciones en favor del vínculo
deben hacerse en ese mismo tribunal, pero el voto a que se refiere el P1
corresponde al Obispo que efectuó la comisión, al cual entregará el
instructor el informe oportuno, junto con las actas.
C1705 P1 El Obispo remitirá a la Sede Apostólica todas las actas, a la
vez que su voto y las observaciones del defensor del vínculo.
P2 Si, a juicio de la Sede Apostólica, se requiere un suplemento de
instrucción, se hará saber al Obispo, indicándole los aspectos sobre los
que debe versar.
P3 Si en el rescripto de la Sede Apostólica se declara que, por lo
deducido no consta la inconsumación, el jurisperito de que trata el can.
1701, P2, puede examinar las actas del proceso en la sede del tribunal,
pero no el voto del Obispo, y considerar si puede aducirse algún motivo
grave que permita presentar de nuevo la petición.
C1706 La Sede Apostólica remite el rescripto de dispensa al Obispo; y
éste lo notificará a las partes, y además mandará cuanto antes a los
párrocos del lugar donde se celebró el matrimonio y donde recibieron el
bautismo que se anote en los libros de matrimonios y de bautizados la
dispensa concedida.
CAPITULO IV
Del proceso sobre la muerte presunta del cónyuge
C1707 P1 Cuando la muerte de un cónyuge no pueda probarse por documento
auténtico, eclesiástico o civil, el otro cónyuge no puede considerarse
libre del vínculo matrimonial antes de que el Obispo diocesano haya
emitido la declaración de muerte presunta.
P2 El Obispo diocesano sólo puede emitir la declaración a que se refiere
el P1 cuando, realizadas las investigaciones oportunas, por las
declaraciones de testigos, por fama o por indicios, alcance certeza
moral sobre la muerte del cónyuge. No basta el solo hecho de la ausencia
del cónyuge, aunque se prolongue por mucho tiempo.
P3 En los casos dudosos y complicados, el Obispo ha de consultar a la
Sede Apostólica.
T I T U L O II
De las causas para declarar la nulidad de la sagrada ordenación
C1708 Tienen derecho a acusar la validez de la sagrada ordenación el
propio clérigo, el Ordinario de quien depende, o el de la diócesis donde
fue ordenado.
C1709 P1 Las preces deben enviarse a la Congregación competente, la cual
decidirá si la causa habrá de ser conocida por la misma Congregación de
la Curia Romana o por un tribunal que ella designe.
P2 Una vez enviada la petición, queda prohibido ipso iure al clérigo el
ejercicio de la órdenes.
C1710 Si la Congregación remite la causa a un tribunal, deben
observarse, a no ser que lo impida la naturaleza del asunto, los cánones
sobre los juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario,
quedando a salvo las prescripciones de este título.
C1711 En estas causas, el defensor del vínculo goza de los mismos
derechos y tiene las mismas obligaciones que el defensor del vínculo
matrimonial.
C1712 Después de una segunda sentencia que confirme la nulidad de la
sagrada ordenación, el clérigo pierde todos los derechos propios del
estado clerical y queda libre de todas sus obligaciones.
T I T U L O III
De los modos de evitar los juicios
C1713 Para evitar los litigios judiciales, es útil emplear la
transacción o reconciliación, o someter la controversia al juicio de uno
o varios árbitros.
C1714 Para la transacción, el compromiso y el juicio arbitral se
observarán las normas establecidas por las partes o, a falta de ello, la
ley dada por la Conferencia Episcopal, si la hay, o la ley civil vigente
en el lugar donde se concluye el convenio.
C1715 P1 No cabe hacer válidamente transacción o compromiso sobre lo que
pertenece al bien público ni sobre otras cosas de las cuales no pueden
disponer libremente las partes.
P2 Cuando se trate de bienes eclesiásticos temporales, deben
cumplimentarse, siempre que lo exija su objeto, las solemnidades
requeridas por el derecho para la enajenación de cosas eclesiásticas.
C1716 P1 Si la ley no reconoce eficacia a la sentencia arbitral que no
está confirmada por el juez, para que la sentencia arbitral sobre una
controversia eclesiástica tenga eficacia en el fuero canónico, necesita
también la confirmación del juez eclesiástico del lugar en el que se ha
dado.
P2 Si la ley civil admite la impugnación de la sentencia arbitral ante
el juez civil, en el fuero canónico puede proponerse la misma
impugnación ante el juez eclesiástico que sea competente para juzgar la
controversia en primera instancia.
P A R T E IV
DEL PROCESO PENAL
CAPITULO I
De la investigación previa
C1717 P1 Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de
un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una
persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la
imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo
superflua.
P2 Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la
buena fama de alguien.
P3 Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas
obligaciones que el auditor en un proceso; y, si se realiza después un
proceso judicial, no puede desempeñar en él la función de juez.
C1718 P1 Cuando se estime que ya se han reunido elementos suficientes,
determine el Ordinario:
1º. si puede ponerse en marcha el proceso para infligir o declarar una
pena;
2º. si conviene hacerlo así, teniendo presente el can. 1341;
3º. si debe utilizarse el proceso judicial o cuando la ley no lo
prohíbe, se ha de proceder por decreto extrajudicial.
P2 El Ordinario ha de revocar o modificar el decreto a que se refiere el
P1 siempre que, por surgir elementos nuevos, le parezca que debe decidir
otra cosa.
P3 Al dar los decretos a que se refieren los PP 1 y 2, conviene que el
Ordinario, según su prudencia, oiga a dos jueces o a otros jurisperitos.
P4 Ante de tomar una determinación, de acuerdo con el P1, debe
considerar el Ordinario si, para evitar juicios inútiles, es conveniente
que, con el consentimiento de las partes, él mismo o el investigador
dirima lo referente a los daños de acuerdo con la equidad.
C1719 Si no se requiere para el proceso penal, deben guardarse en el
archivo secreto de la Curia las actas de la investigación y los decretos
del Ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, así
como todo aquello que precede a la investigación.
CAPITULO II
Del desarrollo del proceso
C1720 Si el Ordinario estima que debe procederse mediante decreto
extrajudicial:
1º. hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad
de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente llamado, no
quisiera comparecer;
2º. debe sopesar cuidadosamente con dos asesores todas las pruebas y
argumentos;
3º. si consta con certeza el delito y no se ha extinguido la acción
criminal, dictará decreto de acuerdo con los cann. 1342–1350,
exponiendo, al menos brevemente, las razones de derecho y de hecho.
C1721 P1 Si el Ordinario decretará que ha de iniciarse un proceso
judicial penal, entregará al promotor de justicia las actas de la
investigación, para que éste presente al juez el escrito acusatorio, de
acuerdo con los cann. 1502 y 1504.
P2 Ante el tribunal superior desempeña la función de actor el promotor
de justicia de ese mismo tribunal.
C1722 Para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y
garantizar el curso de la justicia, puede el Ordinario, después de oír
al promotor de justicia y habiendo citado al acusado, apartar a éste, en
cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o de un
oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un
lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la
Santísima Eucaristía; pero todas estas provisiones deben revocarse al
cesar la causa que las motivó, y dejando ipso iure de tener vigor al
terminar el proceso penal.
C1723 P1 Al citar al reo el juez debe invitarle a que designe un
abogado, de acuerdo con el can. 1481, P1, dentro del plazo determinado
por el mismo juez.
P2 Si no lo nombra el reo, el propio juez debe designarle abogado antes
de la contestación de la demanda, el cual permanecerá en su cargo
mientras el reo no nombre a otro.
C1724 P1 El promotor de justicia puede renunciar a la instancia en
cualquier grado del juicio, por mandato o con el consentimiento del
Ordinario que tomó la decisión de iniciar el proceso.
P2 Para que la renuncia sea válida, debe ser aceptada por el reo, a no
ser que haya sido declarado ausente del juicio.
C1725 En la discusión de la causa, ya se haga por escrito, ya sea oral,
el acusado tiene siempre derecho a escribir o hablar en último término,
bien personalmente o bien por su abogado o procurador.
C1726 En cualquier grado y fase del juicio penal, si consta de modo
evidente que el delito no ha sido cometido por el reo, el juez debe
declararlo así mediante sentencia y absolver al reo, aunque conste a la
vez que se ha extinguido la acción criminal.
C1727 P1 El reo puede apelar, incluso cuando la sentencia no le hubiera
condenado sólo por tratarse de una pena facultativa, o porque el juez
hiciera uso de la facultad mencionada en los cann. 1344 y 1345.
P2 El promotor de justicia puede apelar siempre que considere que no se
ha provisto suficientemente a la reparación del escándalo o a la
restitución de la justicia.
C1728 P1 Quedando a salvo los cánones de este título, en el juicio penal
deben aplicarse, si no lo impide la naturaleza del asunto, los cánones
sobre los juicios en general y el juicio contencioso ordinario,
cumpliendo las normas especiales acerca de las causas que hacen
referencia al bien público.
P2 El acusado no tiene obligación de confesar el delito, ni puede
pedírsele juramento.
CAPITULO III
De la acción para el resarcimiento de daños
C1729 P1 La parte perjudicada puede ejercer en el mismo juicio penal la
acción contenciosa para el resarcimiento de los daños que se le hayan
causado por el delito, de acuerdo con el can. 1596.
P2 No se admite la intervención del perjudicado, a la que hace
referencia el P1, si no se efectuó en la primera instancia del juicio.
P3 En una causa por daños, la apelación se hace de acuerdo con los cann.
1628–1640 aun cuando no quepa la apelación en el proceso penal; y si se
proponen ambas apelaciones, aun cuando sea por partes distintas, se hará
un solo juicio de apelación, salvo lo que prescribe el can. 1730.
C1730 P1 Para evitar excesivas dilaciones del juicio penal, el juez
puede diferir el juicio sobre daños hasta que haya dado sentencia
definitiva en el juicio penal.
P2 El juez que haya obrado de este modo debe juzgar sobre los daños
después de dictar sentencia en el juicio penal, aunque éste se encuentre
aún pendiente por haberse interpuesto impugnación, y también si el reo
ha sido absuelto por un motivo que no exime de la obligación de reparar
los daños causados.
C1731 Aunque haya pasado a cosa juzgada, la sentencia dada en un juicio
penal no constituye derecho a la parte perjudicada, a no ser que ésta
hubiera intervenido de acuerdo con el can. 1729.
P A R T E V
DEL PROCEDIMIENTO EN LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Y EN LA REMOCIÓN O EL TRASLADO DE LOS PÁRROCOS
S E C C I O N I
DEL RECURSO CONTRA LOS DECRETOS ADMINISTRATIVOS
C1732 Lo que se establece en los cánones de esta sección sobre los
decretos, ha de aplicarse también a todos los actos administrativos
singulares que se producen en el fuero externo extrajudicial,
exceptuados aquellos que emanen directamente del propio Romano Pontífice
o del propio Concilio Ecuménico.
C1733 P1 Es muy de desear que, cuando alguien se considere perjudicado
por un decreto, se evite el conflicto entre el mismo y el autor del
decreto, y que se procure llegar de común acuerdo a una solución
equitativa, acudiendo incluso a la mediación y al empeño de personas
prudentes, de manera que la controversia se eluda o se dirima por un
medio idóneo.
P2 La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada diócesis se cree
establemente un departamento o un consejo que, según las normas de la
misma Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones
equitativas; y si la Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede
establecer ese consejo o departamento.
P3 El departamento o consejo de que trata el P2 actuará principalmente
en cuanto se pida la revocación de un decreto a tenor del can. 1734 y
antes de agotarse los plazos para recurrir; pero, si ya se interpuso el
recurso contra el decreto, el mismo superior que juzga de él ha de
exhortar al recurrente y al autor del decreto para que busquen aquellas
soluciones, siempre que abrigue la esperanza de un feliz resultado.
C1734 P1 Antes de interponer recurso, el interesado debe solicitar a su
autor por escrito la revocación o enmienda del decreto; hecha esa
petición, se considera solicitada automáticamente también la suspensión
de la ejecución del decreto.
P2 La petición debe hacerse dentro del plazo perentorio de diez días
útiles desde la intimación legítima del decreto.
P3 Las normas de los PP 1 y 2 no valen cuando se trata:
1º. de recurrir ante el Obispo, contra los decretos dados por las
autoridades que le están subordinadas;
2º. de recurrir contra el decreto que decide sobre un recurso
jerárquico, a no ser que esta decisión sea emitida por el Obispo;
3º. de interponer los recursos a que se refieren los cann. 57 y 1735.
C1735 Si el autor del decreto, en el plazo de treinta días desde que
recibió la petición mencionada en el can. 1734, intima un nuevo decreto
por el que corrige el anterior o bien decide que la petición debe
rechazarse, los plazos para recurrir se cuentan desde la intimación del
nuevo decreto; pero si en el plazo de treinta días no ha tomado ninguna
decisión, el plazo se cuenta desde el día trigésimo.
C1736 P1 Cuando en una materia el recurso jerárquico suspende la
ejecución de un decreto, la petición del can. 1734 produce idéntico
efecto.
P2 En los demás casos, si, en el plazo de diez días después de recibida
la petición del can. 1734, el autor del decreto no decide suspender la
ejecución del mismo, puede pedirse provisionalmente esa suspensión a su
superior jerárquico, que tiene facultad para otorgarla sólo por causas
graves y cuidando siempre de que no sufra detrimento del bien de las
almas.
P3 Cuando se ha suspendido la ejecución de un decreto de acuerdo con el
P2, si después se interpone el recurso, quien debe resolverlo decidirá
si la suspensión debe confirmarse o revocarse, en conformidad con el
can. 1737, P3.
P4 Si no se interpone recurso contra el decreto dentro del plazo
prescrito, cesa por eso mismo la suspensión de la ejecución decidida
provisionalmente de acuerdo con los PP 1 o 2.
C1737 P1 Quien se considera perjudicado por un decreto, puede recurrir
por cualquier motivo justo al superior jerárquico de quien emitió el
decreto; el recurso puede interponerse ante el mismo autor del decreto,
quien inmediatamente debe transmitirlo al competente superior
jerárquico.
P2 El recurso ha de interponerse en el plazo perentorio de quince días
útiles, que, en los casos de que se trata en el can. 1734, P3, corren
desde el día en que el decreto ha sido intimado, y en los demás casos
conforme al can. 1735.
P3 Aun en los casos en que el recurso no suspenda ipso iure la ejecución
del decreto, ni se haya decretado la suspensión según el can. 1736, P2,
puede el Superior por causa grave mandar que se suspenda la ejecución,
cuidando de que se evite todo perjuicio al bien de las almas.
C1738 El recurrente tiene siempre derecho a servirse de un abogado o
procurador, pero evitando dilaciones inútiles; e incluso debe designarse
patrono de oficio, si el recurrente carece de él y el Superior lo
considera necesario; pero en cualquier momento el Superior podrá ordenar
que comparezca el mismo recurrente para ser interrogado.
C1739 Según lo requiera el caso, el Superior que resuelve el recurso
puede no sólo confirmar o declarar nulo el decreto, sino también
rescindirlo o revocarlo o, si lo juzga más conveniente, corregirlo,
sustituirlo por otro o abrogarlo.
S E C C I O N II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN
Y TRASLADO DE LOS PÁRROCOS
CAPITULO I
Del modo de proceder en la remoción de los párrocos
C1740 Cuando, por cualquier causa, aun sin culpa grave del interesado,
el ministerio de un párroco resulta perjudicial o al menos ineficaz,
éste puede ser removido de su parroquia por el Obispo diocesano.
C1741 Las causas por las que un párroco puede ser legítimamente removido
de su parroquia son principalmente las siguientes:
1º. un modo de actuar que produzca grave detrimento o perturbación a la
comunión eclesiástica;
2º. la impericia o una enfermedad permanente mental o corporal, que
hagan al párroco incapaz de desempeñar útilmente sus funciones;
3º.la pérdida de la buena fama a los ojos de los feligreses honrados y
prudentes o la aversión contra el párroco, si se prevé que no cesarán en
breve;
4º. la grave negligencia o transgresión de los deberes parroquiales, si
persiste después de una amonestación;
5º. la mala administración de los bienes temporales con daño grave para
la Iglesia, cuando no quepa otro remedio para este mal.
C1742 P1 Si por el expediente realizado constase la existencia de una de
las causas indicadas en el can. 1740, el Obispo tratará el asunto con
dos párrocos pertenecientes al grupo establemente designado con esta
finalidad por el Consejo presbiteral, a propuesta del Obispo; y si
después juzga que debe procederse a la remoción, aconsejará
paternalmente al párroco que renuncie en el plazo de quince días, pero
para la validez es necesario que indique la causa y los argumentos.
P2 Sobre los párrocos que son miembros de un instituto religioso o
sociedad de vida apostólica, guárdese lo prescrito en el can. 682, P2.
C1743 El párroco puede renunciar, no sólo pura y simplemente, sino
también bajo condición con tal de que ésta pueda ser legítimamente
aceptada por el Obispo, y realmente la acepte.
C1744 P1 Si el párroco no responde dentro del plazo establecido, el
Obispo reiterará la invitación, prorrogando el plazo útil para
responder.
P2 Si consta al Obispo que el párroco recibió la segunda invitación y
que no respondió sin estar afectado por impedimento, o si el párroco se
niega a renunciar sin aducir ningún motivo, el Obispo dará el decreto de
remoción.
C1745 Pero si el párroco impugna la causa aducida y sus razones,
alegando motivos que el Obispo considera insuficientes, éste, para
actuar válidamente:
1º. invitará al párroco para que, una vez examinado el expediente,
presente por escrito sus impugnaciones y aporte pruebas en contrario, si
las tiene;
2º. después de esto y de completar el expediente, si es necesario,
estudiará el asunto con los párrocos a que se refiere el can. 1742, P1,
a no ser que, por imposibilidad de éstos, hayan de designarse otros;
3º. finalmente decidirá si el párroco ha de ser removido o no, y dará en
seguida el decreto pertinente.
C1746 El Obispo ha de proveer a las necesidades del párroco removido,
bien confiándole otro oficio, si es idóneo, o mediante una pensión,
según lo aconseje el caso y lo permitan las circunstancias.
C1747 P1 El párroco removido debe abstenerse de ejercer la función
parroquial, dejar libre cuanto antes la casa parroquial y entregar todas
las pertenencias de la parroquia a aquel a quien el Obispo la haya
encomendado.
P2 Pero si se trata de un enfermo, que no puede trasladarse sin
dificultad de la casa parroquial a otro sitio, el Obispo le dejará su
uso, que puede ser exclusivo, mientras dure esa necesidad.
P3 Mientras esté pendiente el recurso contra el decreto de remoción, el
Obispo no puede nombrar nuevo párroco, sino que debe proveer
interinamente por medio de un administrador parroquial.
CAPITULO II
Del modo de proceder en el traslado de los párrocos
C1748 Cuando el bien de las almas o la necesidad o la utilidad de la
Iglesia requieren que un párroco sea trasladado de la parroquia que rige
con fruto a otra parroquia o a otro oficio, el Obispo le propondrá por
escrito el traslado, aconsejándole que acceda por amor a Dios y a las
almas.
C1749 Si el párroco no está dispuesto a seguir el consejo y las
exhortaciones del Obispo, ha de exponer por escrito las razones que
tiene para ello.
C1750 Si, a pesar de los motivos alegados, el Obispo juzga que no debe
modificar su decisión, examinará con dos párrocos elegidos según el can.
1742, P1 las razones en pro y en contra del traslado; y si aun entonces
estima que dicho traslado debe llevarse a efecto, reiterará las
exhortaciones paternales al párroco.
C1751 P1 Concluidos los trámites, si el párroco continúa negándose y el
Obispo estima que debe hacerse el traslado, emitirá el decreto
correspondiente, disponiendo que la parroquia quedará vacante al término
del plazo que determine.
P2 Transcurrido inútilmente ese plazo, declarará vacante la parroquia.
C1752 En las causas de traslado es de aplicación el can. 1747, guardando
la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que
debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia.
